«Avilés necesita al menos otro juzgado y más personal»

-¿Qué balance hace de su etapa en Avilés?

-Han sido cinco años en los que he constatado lo complicado que es asumir en un único juzgado violencia de género y el resto de materias civiles y penales. Genera una carga de trabajo muy elevada y dificulta mucho la tarea diaria. Este desgaste lleva a que sea un juzgado de paso tanto para el titular como para los funcionarios adscritos.

-La principal. Me voy a un juzgado de instancia, dedicado únicamente a temas civiles.

-En Luarca la situación era precaria. Aquí hay más medios que facilitan el trabajo y los temas que se juzgan son, digamos, un poco más urbanos.

-Llevamos años reclamando que se refuerce el equipo psicosocial, el que emite los informes en asuntos de familia en los que el juez requiere asesoramiento técnico. El problema es que la saturación es tal que los informes tardan más de un año, demora que prolonga e incluso agudiza la situación que vive esa familia.

-Dos, una psicóloga y una trabajadora social. Están sobrecargadas.

-Necesita al menos un juzgado más, y vista la carga de trabajo, una mayor exención a la hora de repartir asuntos a favor del que asuma la violencia de género. El Congreso tramita una reforma que consideraría como tal cualquier agresión a una mujer. Si finalmente sale adelante, este juzgado se colapsaría. No saldríamos adelante. En las actuales condiciones sería inasumible.

-Va en la línea de los convenios internacionales firmados por España. Ahora bien, en mi opinión no toda agresión a una mujer es necesariamente violencia de género, y la reforma va en esa dirección. Habría que introducir matices.

-Es muy complejo. Las redes sociales han transmitido la idea de que hay impunidad cuando el tribunal ha dado por buena la versión de la víctima e impuesto una condena de nueve años de prisión. El sistema penal no puede deslizarse hacia criterios no garantistas. El criterio de «yo sí te creo» puede ser útil en el ámbito social, pero no es admisible para la actuación judicial. Los jueces no tienen que creer, tienen que verificar con pruebas. En un estado garantista el verbo creer no pinta nada.

-En mi opinión funciona muy bien. Ofrece herramientas que permiten poner fin de forma abrupta a situaciones de violencia de género, como las órdenes de protección. Solo en Avilés se otorgan más de cien al año.

-Ahí ya no queda mucho más que hacer. Si no queremos poner en riesgo garantías fundamentales, salvo reformas muy puntales, esa vía está agotada. El problema es que vemos que las reformas penales no han servido para poner fin al fenómeno de la violencia contra la mujer, con lo cual hay que incidir en otras vías, como la formativa, en la educación.

-El Código Penal castiga con mayor severidad a un agresor que a una agresora porque contempla una agravación de la pena, pero eso no quiere decir que no se castigue a las mujeres que agreden a hombres, casos que por otra parte se dan en pocas ocasiones.

-La prioridad sería modernizar los equipos informáticos. Viniendo de Luarca, en cuanto a medios materiales aquí hay de todo. El Juzgado Número 5 dispone de una sala para denunciantes y otra de comparecencias que ojalá tuvieran también otros juzgados que llevan violencia de género. Eso sí, lo que nos falta es personal. Necesitamos más funcionarios.

-Eso es inevitable. Sobre todo en temas civiles, que el año pasado aumentaron de manera sensible, y penales.

-Es un campo que todavía está por explotar. La mediación tiene dos ventajas, descongestiona los juzgados y ofrece una solución asumida de forma voluntaria por ambas partes, no impuesta por un tercero. De hecho, el grado de acatamiento de las obligaciones adquiridas por este cauce es muy elevado. Llevamos muchos años hablando de mediación, pero yo soy escéptico. Queda mucho camino por hacer y requiere un pulso a nivel nacional.

-Cada vez tienen menos funciones. Tras las últimas reformas han quedado muy vacíos de contenido, actos de notificación y poco más, y habría que plantearse la utilización de estos recursos.

-Hay juzgados de paz que tienen la mitad de personal que el principal y eso no cuadra. Es un debate eterno, acercar lo máximo posible la justicia al ciudadano o descentralizarla un poco asumiendo la inevitable pérdida de especialización. En mi caso creo que cierta concentración de los órganos judiciales mejora el servicio público que presta la justicia.

-Los delitos contra el patrimonio y contra las personas. Asturias tiene uno bajo índice de criminalidad, de los más bajos de España, que ya de por sí tiene muy baja criminalidad.

-Es una norma administrativa de la que ha derivado una involución en lo que se refiere a libertad de expresión y de opinión. Se reprimen de manera excesiva y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha aplicado recientemente un correctivo sobre las penas privativas de libertad para delitos de opinión.

-También hay una involución. Creo que se han aplicado a supuestos que se alejan del fin de la norma, como el famoso caso de Dani Mateo, reprimiendo penalmente de forma desproporcionada conductas opinables. En España había más libertad de expresión hace treinta o cuarenta años. Lo vimos en el caso de Javier Krahe o en el de los dos titiriteros, que acabaron en prisión provisional, casi como si fuesen terroristas.

-Lo que está politizado es el Consejo General del Poder Judicial, y la ciudadanía percibe que esa situación afecta al juez que va a resolver su caso, cuando no es así. También se ha judicializado la política y al final las etiquetas resultan inevitables.

-En teoría tendrá que ser un espacio de reflexión política sobre la estructura del sistema judicial español, que sigue anclado en el siglo XIX. Por lo que se ve, esto no es ninguna prioridad.

-Habría que reformar el mapa. Pero no solo el de Asturias, también el del resto de España. Como he dicho, cierta concentración facilita la especialización y conduce a un mejor servicio al ciudadano. De nada sirve tener un juzgado a la puerta de casa cuando no hay fiscal ni equipo social ni otras muchas herramientas.

-Solo afecta a delitos relacionados con la seguridad vial. El Código Penal español es muy duro, de los más duros de Europa, y los tiempos de estancia en prisión y el número de personas encarceladas también son de los más altos. Esa sensación de impunidad, de que uno entra por una puerta y sale por la otra no responde a la realidad. Esa apelación permanente a endurecer el Código Penal es puro populismo, populismo punitivo.

-No. Lo tengo claro. El Código Penal es suficientemente duro. Es cierto que está recogida en casi todos los países de nuestro entorno, como también lo es que a la postre la duración efectiva es de quince o veinte años. También hay que tener presente que la calidad ética de un país se mide por el trato que dispensa a la población penitenciaria.