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La Dirección General del Agua, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha procedido a anular el contrato de 32,5 millones de euros para ... hacer el proyecto y la obra de mejora de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Maqua, así como para llevar a cabo las actuaciones necesarias para el tratamiento de las aguas, de muy alto contenido salino. El motivo: la imposibilidad jurídica de llevar a cabo unas obras de ampliación en unos terrenos que pertenecen al dominio público marítimo terrestre y que han estado en situación anómala desde 1901, según señala el ministerio.
Transición Ecológica deberá ahora indemnizar a la empresa que había quedado en primer lugar de un concurso que nunca llegó a adjudicarse formalmente: Unión Temporal de Empresas formada por sus divisiones Acciona Construcción y Acciona Agua , que había presentado una oferta por un total de 29,6 millones de euros. La indemnización será de 50.000 euros, cantidad marcada en los pliegos de contratación.
Así las cosas, la reforma de Maqua, una obra trascendental tanto por el mal estado de las instalaciones actuales y la falta de capacidad para conseguir una depuración de acuerdo a los estándares actuales, como por las continuas molestias que causa a los vecinos de la margen derecha de la ría, principalmente los malos olores, queda en suspenso. No volverá a retomarse hasta que se garantice la legalidad de llevar a cabo una obra en ese suelo. Para ello el Gobierno central deberá iniciar un proceso administrativo que se prevé lento y farragoso. En primer lugar, según han explicado fuentes ministeriales, la Dirección General de Costas, dependiente también de Transición Ecológica, deberá hacer una declaración de innecesariedad y, una vez tramitada, comenzaría un segundo proceso, este de desafectación de los terrenos, donde entra en juego otro ministerio, el de Hacienda. Por tanto, y ya que estaba a punto de vencer el plazo para resolver la adjudicación del contrato, se ha optado por anularlo, sin que se vislumbre una fecha para volver a retomar la licitación de este contrato y el de la regeneración de las marismas, que también está paralizado, según diversas fuentes.
La depuradora logró terminar de construirse y lleva funcionando desde hace cerca de dos décadas gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que, aunque el terreno era efectivamente de dominio público, a pesar de que había sido adquirido por el Ayuntamiento de Avilés por cerca de 350.000 euros, se le otorgaban a la administración local derechos concesionales. Estos derechos, sin embargo, solo permiten llevar a cabo trabajos de mantenimiento de las construcciones existentes, pero en ningún caso llevar a cabo ampliaciones como la que se pretendía ejecutar. Para ello deberá regularizarse la situación y modificar la categoría del suelo.
El de la depuradora de Maqua se convierte así en el segundo gran contrato en Avilés en los últimos meses, junto al de la demolición de baterías, aunque la solución parece mucho más lejana en este caso.
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