«Llegaron a las huertas de los barrios de Avilés con cizallas y sin preaviso»

Según los testigos, los vecinos afectados se presentaron ipso facto allí para intentar frenar un desahucio «al que no se oponen, pero para el que piden tiempo para prepararse precisamente porque hay animales». Y eso fue lo que frenó el proceso: cuando los funcionarios se dieron cuenta de que abriendo las casetas quedaban en libertad los animales, con lo que eso podía suponer, la orden judicial quedó paralizada temporalmente. ¿Hasta cuándo? «No tenemos respuesta», explica una vecina.

«Aquí hay huertas desde hace más de 60 años que fueron pasando de generación a generación... El terreno lo compró el 'banco malo' y lo volvió a vender a un comprador en Sevilla, el cual sin previo aviso» habría denunciado la ocupación ilegal de los terrenos, poniendo en marcha el proceso judicial de desahucio.

Son parcelas con unas casetas de aperos levantadas con tablones, puertas viejas, vallas y otro tipo de materiales reciclados en las que se guardan azadas, palas y otras herramientas para cultivar la tierra.

«Fue muy triste ver a esta gente mayor llorando. La mayoría son huertas con sus gallinas y sus plantaciones... No se niegan a abandonar el terreno, pero piden tiempo para reubicar a los animales que hay», explica esta vecina que cifra en una veintena el número de personas afectadas.

Puestos en contacto con Servihabitat, que era la propietaria del terreno, les remite al proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento, pero no ofrece respuesta para la pregunta que realmente inquieta al vecindario: hasta cuándo tienen para encontrar una nueva parcela para sus animales.

En principio en esa masa forestal está previsto construir edificios residenciales y, por detrás del último bloque de viviendas de los antiguos trabajadores en la calle de La Xana, se abrirá uno de los viales que daría acceso a la zona, por lo que también se tendrán que desalojar los garajes que se han levantado en esos terrenos.

El proyecto afecta a cerca de 77.000 metros cuadrados de terreno, de los que hasta 43.700 se destinarán a viales, zonas verdes y equipamientos, y 16.600 a viviendas protegidas. El 90% de los terrenos sobre los que se actuará pertenecen al Ayuntamiento y a la Sareb, que ha ido comercializándolos.