Avilés confía en mantener la ordenanza de pisos turísticos y pide una solución de ámbito nacional

Campa reconoce la complejidad de legislar sobre este asunto, al tratarse de un fenómeno que afecta de manera desigual a los diferentes municipios, y afecta además a competencias de varias administraciones. En este sentido, defiende la necesidad de analizar cómo este tipo de vivienda distorsiona el mercado en cada municipio para contar con un diagnóstico certero con el que poder trabajar. «Las ciudades son muy distintas, y nosotros no tenemos la presión que quizás si tienen en otros sitios, pero hay que trabajar y encontrar una solución que valga para todo el mundo», expone.

En este sentido, en el seno de la FEMP se ha creado un grupo de trabajo del que Avilés formará parte y que comenzará su tarea este mismo viernes. Será en este foro donde se pongan en común las distintas iniciativas de los municipios y las autonomías, así como aquellas iniciativas que el Ministerio vaya poniendo en marcha o planteando en los próximos meses.

En la reunión de ayer también acordó la creación de un segundo grupo de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el urbanismo. Avilés participa activamente en ambos comités «por tener una Agenda Urbana aprobada y una hoja de ruta definida», algo que le permitirá estar en aquellos ámbitos de decisión donde se compartan las experiencias que puedan definir las inversiones y los fondos europeos de los próximos años», explica el edil.

El objetivo es que los diferentes municipios trabajen hasta poder tener una posición común que pueda plantearse como solución al problema creciente de las vivienda turísticas. Ya la alcaldesa, Mariví Monteserín, se había posicionado hace unos meses sobre este tema, que considera «un asunto de Estado» al que hay que dar solución «para no poner en riesgo la convivencia y el bienestar en las ciudades», protegiendo la vivienda residencial frente a la demanda de alquiler vacacional». En este sentido, la regidora defiende la importancia de llegar a una «armonización» que regule «cómo se ponen en el mercado los pisos vacacionales».

Los nuevos pisos para jóvenes de La Luz están a punto de entregarse a sus primeros inquilinos, y ayer se convirtieron en objeto de debate en la reunión de la FEMP, donde esta rehabilitación fue puesta como ejemplo de buenas prácticas tras haber recibido más de sesenta solicitudes para las treinta viviendas que se están habilitando.

La intención del gobierno municipal es replicar el modelo en otros edificios públicos de vivienda, caso de las de maestros de Versalles, donde ya se ha desalojado a los residentes que quedaban y se está buscando financiación externa para poder acometer el proyecto.

Se trata de una de las medidas planteadas en la Agenda Urbana de Avilés, que marca las pautas a seguir hasta 2030 y en la que se marcan como líneas de trabajo la promoción del alquiler asequible y la protección del derecho a la vivienda para colectivos vulnerables. En este sentido, se busca «impulsar la generación de vivienda dotacional pública» con esta y otras actuaciones.

Así se plantea primero realizar un estudio del parque de vivienda pública, encaminado a su mejora y ampliación. Se fija también la rehabilitación y adaptación de los inmuebles municipales «para su disposición como viviendas intergeneracionales en modalidad de alquiler», así como la promoción de «nuevas fórmulas de ocupación de vivienda pública y privada», desde viviendas tuteladas a pisos compartidos, intergeneracionales o colaborativos que puedan plantearse como alternativa al alojamiento residencial provisional.

Además de la puesta a disposición de la ciudadanía de más vivienda pública, el Ayuntamiento también se fija como objetivo para el próximo lustro «aumentar el número de viviendas privadas para el alquiler social a través de los programas municipales», con fórmulas como el Avilés Alquila, aunque se desliza que podrían pone en marcha otras similares que aún están por desarrollar, y se habla abiertamente de «fórmulas innovadoras para la ocupación de vivienda, tanto pública como privada».

Se busca no solo que haya un parque suficiente de vivienda el alquiler, sino que además el precio de este sea «asequible». Para ello, además de fórmulas para incentivar la salida al mercado de viviendas privadas, se quiere poner el foco especialmente en aquellas personas en situación de vulnerabilidad social. En este sentido se señala la necesidad de «implementar actuaciones que garanticen el acceso a la vivienda pública aplicando criterios de prioridad e idoneidad», además de ofrecer «apoyos económicos para la permanencia en la vivienda habitual».

Entre las líneas que se marcan en el documento se encuentra también la continuidad y el refuerzo de la disposición de viviendas de emergencia municipal con carácter temporal y de los programas que ya están funcionando actualmente de ayudas al alquiler, a propietarios y de garantía energética, que vienen a dar solución a problemáticas concretas de hogares en riesgo.