La Audiencia Provincial revoca la suspensión de la pena de cárcel a José María Tejero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha revocado la suspensión de la pena de dos años de cárcel que le había sido impuesta al empresario avilesino José María Tejero por un delito de estafa agravada en la venta de unos terrenos. La condena data de diciembre de 2017, pero el empresario había solicitado la suspensión de la condena, que estaba condicionada «al cumplimiento del compromiso que sumió de abonar la responsabilidad civil en el plazo de un año».

Ese año ya se ha cumplido. De hecho venció el pasado 10 de julio, «sin haber dado cumplimiento al pago», según recoge la Audiencia en su auto. La defensa solicitó entonces un nuevo aplazamiento, en este caso de tres meses para realizar el pago «en metálico o subsidiariamente», pero este nuevo aplazamiento no ha sido concedido. La Audiencia ordena ahora la revocación de esta suspensión y, por tanto, la ejecución de la sentencia, es decir, su ingreso en prisión, «librándose los oficios para su cumplimiento en centro penitenciario». Contra este auto, sin embargo, aún cabe la posibilidad de presentar recurso, que deberá ser de súplica ante la propia Audiencia en el plazo de tres días a contar desde hoy.

En su día se le consideró culpable de un delito de estafa agravada por considerar que había ocultado información relevante a los compradores de dos fincas en Avilés en las que posteriormente se instalaron sendas gasolineras. La Audiencia consideró que de haber conocido las condiciones reales la empresa, representada por el abogado Javier García Menéndez, no habría adquirido los terrenos o hubiera pagado menos dinero por ellos.

En contra del empresario han pesado ahora algunas circunstancias, como la venta de las acciones del Real Avilés por 800.000 euros, «por parte de una de las múltiples sociedades que, en un entramado de vinculaciones cruzadas, administra y controla». Considera, por tanto, que Tejero tiene capacidad para afrontar la responsabilidad civil y que hay «una voluntad de no reparar el daño causado».

Resuelve, por tanto, que «no ha lugar a ampliar el plazo que se otorgó en su momento al penado para el pago», máxime cuando «el esfuerzo desplegado hasta la fecha para satisfacer la indemnización, de la que no ha pagado un solo céntimo, ha sido nulo». El empresario planteaba la entrega de un bien inmueble, el palacio de Bao, en Miranda, como pago de la totalidad de la deuda, pero esto se desestimó «al constatar el frontal rechazo» de los demandantes.

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