La Audiencia Nacional admite a trámite una querella por el proceso de venta de Alcoa

En un auto conocido ayer martes, la magistrada da curso al escrito presentado por el sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

La querella se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.

La titular del juzgado central de Instrucción número 3 oficia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realice una investigación integral respecto de estas personas que esclarezca los hechos, antes de pronunciarse acerca de las diligencias solicitadas por la Confederación de Cuadros. Asimismo, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la juez pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de Alu Ibérica LC y ALU Ibérica AVL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social y situación financiera, entre otros extremos.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.

La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

Según la Confederación, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018. El objetivo era «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

El escrito relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios ni el del pago de los salarios ni el de la inversión».

Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, entre otras las inversiones y recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.

José Manuel de la Uz, presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, señaló ayer que lo ideal sería solucionar el conflicto por la vía política en lugar de la judicial, pero que aún así «vemos con buenos ojos» la decisión de la magistrada de investigar el proceso de compra. Recordó que su sindicato, Comisiones Obreras, está personado en la causa. «Tristemente estamos luchando por un futuro», añadió.