La Atención Primaria reivindica su papel para diagnosticar la violencia

Erradicar la violencia de género es una tarea compartida de la sociedad, con muchos campos de actuación, entre ellos el sanitario. Ayer, cerca de doscientas personas participaron en las I Jornada de Atención Sanitaria en Violencia de Género que se celebró en el hotel NH Collection Palacio de Avilés bajo la organización del servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés y el Área Sanitaria III. El personal sanitario dominaba la convocatoria aunque entre las asistentes (fundamentalmente mujeres) también había profesionales de ámbitos sociales.

Un encuentro maratoniano, que ocupó toda la mañana y que terminó con un elevadísimo nivel de satisfacción de los participantes y el deseo de repetir el encuentro después de una mañana cargada de ideas e iniciativas para trabajar en lo que ayer se definió como «un problema de salud pública de primer orden». Y es que en la apertura se recordó como en la última encuesta de Salud Pública del Principado de Asturias, «el 10% de las mujeres mayores de 14 años refieren haber sufrido malos tratos». De ahí la necesidad de movilizar todos los recursos necesarios, incluyendo el ámbito sanitario.

En este campo, se subrayó la importancia de la Atención Primaria para el diagnóstico precoz de la violencia contra las mujeres.

La doctora Alicia Díaz Revilla, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y experta en atención a mujeres víctimas de violencia en Primaria, aseguró que «son el recurso sanitario esencial, accesible y facilitador para que las mujeres hablen y para que los profesionales pregunten por este tema, especialmente, ante consultas frecuentes por malestares difusos y en población más vulnerable como ancianas, adolescentes, embarazadas, emigrantes, discapacitadas».

Y es que, a pesar de esos indicios (ansiedad, malestar) las alarmas tardan en sonar entre cinco y diez años, según se explicó. De ahí que la doctora Díaz apelase a la necesidad de formación específica para que los profesionales sanitarios supiesen detectar la necesidad de intervenir. La ponente no dudó en afirmar la necesidad de emitir un «parte de lesiones» en el caso de violencia física o psicológica.

No son los únicos campos en los que se reclamó una mejor formación. Jueces y fiscales deben actualizar sus conocimientos para abordar una realidad que, por desarrollarse en el ámbito privado, tarda en conocerse, en ver sus efectos. Precisamente, esa demora implica un daño para las víctimas. Porque, como destacó la psicóloga Sofía Czalbowski, los hijos también padecen las consecuencias, necesitando una terapia especial. En su intervención aseguró que los daños a los menores eran equivalentes a los que sufren en conflictos bélicos, con la diferencia que estos «identifican perfectamente al agresor», lo que no sucede cuando los menores viven situaciones de violencia machista.

Del trabajo desde los servicios de Salud Mental se encargó el profesor José Navarro Góngora, director del servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca, donde ejerce la docencia en Psicología Familiar y de Terapia Familiar y de la Pareja. Recordó que la «prioridad» era la protección de la vida de las víctimas, lo que podía obligar a que marchasen de su domicilio. Navarro aseveró que todas las víctimas necesitan terapia psicológica, toda vez que los episodios vividos menoscababan su autoestima.

De ahí que el trabajo de los profesionales se centre en que recupere «la confianza en su propio criterio» además de «evadir las situaciones de violencia y a ganar control». El ponente aseguró que «la intervención psicológica debe permitir a la mujer identificar el maltrato vivido: lo que le hicieron, cómo se lo hicieron y para qué se lo hicieron; y así, recuperar su autoestima y empoderamiento».