El asesor de Nueva Rula aconsejó aceptar la sanción de Hacienda para salvar a la sociedad

La sesión comenzó con un testimonio clave, el de Eduardo Lacazzete, el inspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, responsable de la sanción a Nueva Rula de Avilés de 1,4 millones de euros.

Era el último testigo de la demandante y su última oportunidad para sentar en la sala las bases de su demanda contra trece consejeros de Nueva Rula. Sin embargo, la declaración no comenzó como esperaba el abogado de la Cofradía de Pescadores, ya que la magistrada juez, Covadonga Medina Colunga, cerró las posibilidades de preguntar sobre los indicios que le llevaron a la inspección y la parte de ese proceso sujeta a la jurisdicción Contencioso-Administrativo, lo que sirvió para que Ruibaldeflores presentase una protesta.

A partir de ahí, el funcionario recordó el proceso, las diferentes reuniones con el gerente de Nueva Rula, Ramón Álvarez, el presidente del puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y el asesor fiscal de Nueva Rula, Jesús Sanmartín. Lacazzete aseguró que el fraude apareció al comprobar que algunas líneas del programa informático de subasta no coincidían con el de gestión. En su criterio, se producía un trasvase automático entre ambos lo que evidenciaba la existencia de pagos en b. En el programa de subasta había líneas con un número de referencia (ID Autec) que no se reflejan en el programa de gestión y certificaban las irregularidades, según el criterio del inspector.

Esta posibilidad ya había sido descartada el pasado lunes por el gerente de Nueva Rula y fue la línea de ataque de Ángel Luis Bernal, abogado defensor de Santiago Rodríguez Vega y siete demandados más. El funcionario reconoció que la firma de la conformidad solo supone el cierre de un proceso sancionador, sin más trascendencia.

A partir de ahí, Bernal martilleó al inspector con preguntas sobre el proceso de venta en la rula. Fue un castigo constante, una clase teórica sobre las diferentes modalidades de subasta pesquera y que terminó llevando al funcionario al límite cuando el letrado le preguntó si había repasado el expediente antes de declarar. «Un poco de respeto. Soy un inspector de Hacienda. No sé nada de pesca. Me intenta liar con discusiones terminológicas», zanjó Lacazzete. A partir de ahí, la única pregunta que se formuló (por Ángel Triana, sobre la influencia en su salario de las sanciones) fue desestimada por la jueza.

A partir de este momento, tan sólo quedaban tres testigos, todos propuestos por Nueva Rula de Avilés. El primero de ellos fue Jesús Sanmartín, asesor fiscal contratado por la sociedad a raíz de la inspección. Volvió a relatar la sucesión de reuniones e información facilitada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en un proceso en el que informó constantemente a la presidencia de Nueva Rula de Avilés, aunque, como reconoció a preguntas de Ruibaldeflores, no facilitó ningún documento escrito «porque ya lo habíamos hablado todo».

A partir de ahí, su consejo era cerrar el proceso como «mal menor». También confirmó que durante toda la inspección no se documentó la existencia de pagos a miembros del consejo, ni se localizó una contabilidad paralela.

Tras este testimonio, cobraba especial importancia la presencia de Francesc Puigdemont, director gerente de la empresa Autec, y que suministra el sistemas informática de subasta la rula de Avilés, además de otras 39 en España, trece en Portugal, dos en Francia y una en Argelia.

Reconoció que la empresa ya trabajaba en Avilés cuando la Cofradía de Pescadores gestionaba la venta de la pesca y destacó que el nuevo sistema ofrecía más calidad puesto que «impedía la manipulación por parte del subastador». Tan sólo en un plazo de diez minutos para la venta, el comprador puede rechazar la venta». Un sistema, además, al que no pueden acceder desde Nueva Rula y que se borra de manera periódica.

A partir de ahí, dos revelaciones que pueden resultar claves. La primera: que la información del sistema de subastas no se puede volcar al programa de gestión. «Es imposible», aseguró, «si existe algún problema se debe resolver en el sistema de gestión». De hecho, su empresa no trabaja en España con sistemas de gestión de las rulas, «que prefieren contratar proveedores más cercanos». La segunda: el tan citado ID Autec «no sirve para nada, es un registro interno que organiza la base de datos, pero no aporta nada». La primera reacción del letrado de la Cofradía fue asegurar que era un testigo «inducido», lo que fue rechazado por el resto de letrados y aminorado por la jueza.

Por último, el auditor de Nueva Rula, Faustino González-Cueva, señaló que en su trabajo no habían encontrado indicios de la existencia de dinero negro. También señaló que «para un auditor es muy difícil encontrar ventas ocultas, aunque podría haber indicios, lo que no sucedió».

En sus conclusiones, Manuel Ruibaldeflores destacó el informe del perito de la Agencia Tributaria y definió como «inconcebible la defensa de los sistemas informáticos más avanzados con fallos en la gestión», acusando al consejo de administración de no velar por los intereses de la sociedad al aceptar la conformidad y no ir al Contencioso.

Todos los abogados defensores solicitaron la desestimación, destacando que no se había confirmado la existencia de una caja B, la ausencia de apropiación indebida y que se optó por la mejor solución para Nueva Rula, ya que aseguraba su continuidad. En varios casos, además, se apelaba la prescripción de los hechos para los demandados

Ahora, queda conocer la valoración que Covadonga Medina realice en la sentencia.