«Sospechábamos que había irregularidades, pero no que fuesen tantas», señala el comité de empresa

«Muchas de las cosas que se recogen ya las hemos venido denunciando y las conocemos perfectamente porque son nuestro día a día, pero hay detalles concretos que desconocíamos, como el sueldo de Alexandra Camacho. Algo sospechábamos, pero no teníamos esa información», comentó ayer De la Uz. El presidente del comité de empresa recordó que, con este informe, «se demuestra una vez más que las denuncias que veníamos haciendo desde el comité de empresa no buscaban boicotear la actividad de la empresa, sino defender nuestro puesto de trabajo. Se confirman todas las denuncias que hemos realizado y, una vez más, las mentiras del Grupo Industrial Riesgo».

Con las conclusiones de los interventores judiciales sobre la mesa, De la Uz confía en que la jueza María Tardón, titular del juzgado central de instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional e instructora de la denuncia penal por una presunta estafa en la venta de las dos plantas de Alcoa al Grupo Parter, no tarde en decretar la administración judicial. Con todo, De la Uz no ocultó su preocupación por la realidad de la empresa que muestra el informe de los interventores judiciales.

«Lo más normal es que vayamos a una administración judicial, incluso a un concurso de acreedores. Pero lo más grave es la situación en la que estamos. Han desmantelado toda la empresa y, ahora mismo, sin una intervención pública, no tenemos capacidad para resistir más allá del 31 de julio, cuando concluya el periodo de cobertura de Alcoa», apuntó De la Uz.

De momento, mañana viernes se reunirán los servicios jurídicos de los sindicatos, ayuntamientos de Avilés y Gozón, Principado de Asturias y Ministerio de Industria para estudiar la sentencia de la Audiencia Nacional y, seguramente, abordarán este nuevo escenario.