Alu Ibérica: extraños sueldos, indicios de fraude y descapitalización

El informe desvela que el Grupo Industrial Riesgo ha eliminado todos los procedimientos reglados y documentados existentes durante la gestión de Alcoa. «Todo es improvisación, desorden y caos», afirman citando a los trabajadores que fueron entrevistados por los interventores en ambas fábricas. La conclusión de los funcionarios es que se trata de una estrategia que busca favorecer la descapitalización de la empresa al eliminar todos los mecanismos de vigilancia de costes y de control interno.

De esta manera, se favorecería la inclusión de nuevas empresas en el catálogo de proveedores de Alu Ibérica, como es el caso de Logiplus. En todos los contratos de describe una forma de actuar similar. No se solicitan más ofertas, cuando bajo la gestión de Alcoa siempre había que pedir tres, ni se documentan los criterios para la concesión del contrato. Tampoco se argumentan las decisiones y «la mayoría de los expedientes vienen firmados por Luis Losada Gómez o Alexandra Camacho», sin que los técnicos de la empresa ratifiquen las decisiones. Y, en el caso de Logiplus, son sus propios responsables quienes se encargan de firmar los expedientes.

Los interventores concluyen además que, desde la toma de control de Riesgo, se han ido apartando sistemáticamente a todos los técnicos de la antigua Alcoa en la toma de decisiones a favor de personal de confianza de la nueva propiedad, cuando no directamente Ricardo Doménech, Alexandra Camacho, Luis Losada Gómez y Diego Peris, los cuatro actualmente imputados por la denuncia penal y bajo medidas cautelares como la obligación de presentarse mensualmente en los juzgados o la prohibición de salir de España.

El informe también señala que no existe documentación fundamental para los procesos industriales, como pueden ser las tablas que indican el porcentaje de aluminio puro que se debe incorporar al reciclado de chatarra. Según se recoge, es el propio Ricardo Doménech el que, de manera verbal, fija el porcentaje, y, frecuentemente, con criterios que no son rentables.

La investigación realizada por la jueza María Tardón añadió a los presuntos delitos denunciados la existencia de otro más, el de blanqueo de capitales. Además, el informe que ahora se incorpora a la causa peatonal plantea abiertamente otros dos tipos penales para investigar, que se unirían a los de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal que figuraban en la denuncia inicial de la Asociación de Cuadros y Profesionales y a la que, posteriormente, se adhirieron, el resto de sindicatos e incluso el Gobierno de España.

Uno de ellos es un presunto fraude en la subvención concedida por el Principado de Asturias para la modernización de su consumo energético. La ayuda, de 800.000 euros, tal y como desveló este diario, se concedía para adquirir nueva tecnología de fundición.

Se trata de una ayuda que la administración pública concede una vez que la empresa beneficiaria ha confirmado la ejecución de la obra subvencionada y que en este caso. Sin embargo, los interventores recuerdan la normativa pública para subvenciones para señalar que las empresas que se encuentran intervenidas judicialmente no pueden recibir subvenciones públicas. En este sentido, señalan que aunque Alu Ibérica inició la solicitud antes de la intervención, una vez que ésta se produjo, los administradores deberían haber comunicado al Principado su renuncia a la ayuda pública. El no hacerlo supone un presunto fraude, que deberá ser investigado.

No es lo único que piden investigar. Durante sus labores fiscalizadoras solicitaron, entre otras cuestiones, un listado de vehículos de empresa. La información facilitada desde Alu Ibérica señalaba que no existían. Sin embargo, en la fábrica de La Coruña localizaron dos vehículos que eran utilizados por directivos vinculados al Grupo Industrial Riesgo. Su criterio es que se trata de un presunto delito de falsedad documental y plantean a la autoridad judicial que se investigue.

Además, las sesenta páginas del informe describen tantas trabas a los interventores judiciales que nadie debería sorprenderse si María Tardón incorpora un presunto delito de obstrucción a la justicia.

Pero las irregularidades cometidas no se terminan ahí. El informe señala que la carencia de un plan de tesorería, presupuesto anual mensualizado y la información sobre las cuentas bancarias de Alu Ibérica impide conocer su situación financiera real.

A ello se une que, hasta el momento, las aportaciones económicas de Alcoa han sido el principal sustento financiero de la empresa, pero ese periodo de protección vence el próximo 31 de julio, por lo que se expresa la posibilidad de un «riesgo de insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en la normativa concursal».

En la actualidad, tan solo los administradores pueden solicitar un concurso de acreedores, por lo que consideran justificado el nombramiento de una administración judicial destinada a preservar la actividad de la empresa. En su informe piden «un análisis completo de ña solvencia financiera real» y la declaración del concurso en el caso de que se confirme la situación de insolvencia en la que sospechan que se encuentran las sociedades.

También se alerta del incumplimiento de obligaciones de Alu Ibérica, como la presentación de la contabilidad anual en el Registro Mercantil. Ello puede provocar una sanción por no atender a las obligaciones legales, lo que se añadiría a las actos contra los intereses de la empresa que se han detectado.