El alcalde de Corvera y el fundador de IDEAS, entre los 75 testigos citados en el 'caso Aquagest'

El juicio del 'caso Aquagest' por las presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de las piscinas de Corvera comienza el 14 de octubre con 31 sesiones programadas hasta el 20 de diciembre. El juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha citado a 75 testigos entre los días 5 de noviembre y 4 de diciembre, entre los que se encuentra el alcalde de Corvera, Iván Fernández; el fundador del partido IDEAS, Juan Morales; el exconcejal de ASIA, Antonio Sabino; y el expopular Joaquín Fernández, imputado en el 'caso Pokemon' en Lugo, de donde salió esta causa separada que ahora se juzga después de seis años de instrucción.

La vista se celebrará en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Oviedo, ya que los juzgados de Avilés no disponen de una sala de vistas con el tamaño suficiente para acoger a los once imputados y sus defensas, así como la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Corvera.

La mayor parte de los testigos han sido solicitados por la defensa de Miguel Ángel Villalba, fundador, expresidente y exconcejal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) y principal acusado. El fiscal pide para él siete años de cárcel y una multa de medio millón de euros por un delito de falsedad en documento mercantil, así como otro delito de cohecho.

El alcalde de Corvera prestará declaración en la primera sesión, lo mismo que varios funcionarios de ese Ayuntamiento entre los que se encuentra el secretario, Ramón Menéndez Chaves. El primer testigo llamado por el juzgado, no obstante, es Fabián Ariel Tapia Ramírez, administrador de la empresa Ariel Comunidad de Bienes, de la que supuestamente se sirvió Villalba para facturar a Aquagest, empresa gestora de las piscinas de Las Vegas, obras realizadas por valor casi de 400.000 euros y el canon por la gestión del bar de las piscinas corveranas de 5.900 euros mensuales, cantidades que iban a parar a cuentas a nombre de la madre y otros familiares del fundador de ASIA, que también están imputados en la causa.

El 6 de noviembre, en la segunda sesión con testigos, están llamados a declarar Maximino Sánchez y su exmujer. Las facturas que se giraron a su nombre presuntamente por Villalba para cobrar servicios a Aquagest fueron las que pusieron sobre la pista de esta supuesta trama primero a la Agencia Tributaria y después a los juzgados y la policía científica. Este pintor, residente entonces en Qatar, recibió una notificación de Hacienda reclamándole el pago del IVA por esas facturas, que él no había emitido ni cobrado, y a partir de ahí arrancó la investigación que llevó hasta Villalba, detenido en marzo de 2013 y posteriormente puesto en libertad con cargos.

Ese mismo día declararán también otras personas a cuyo nombre se emitieron más facturas. Lo hará también el que fue concejal de ASIA en el Ayuntamiento, el expresidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Antonio Sabino. Este ya había sido citado por la propia jueza instructora del caso durante la investigación dado que su nombre aparecía en varias cuentas junto al de Miguel Ángel Villalba.

En la tercera sesión en la que están citados testigos ya intervendrán cuatro de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación y también lo hará Joaquín Fernández, que fue responsable de comunicación del Partido Popular en Asturias y representante de Aquagest y al que se ha apodado en la causa que se sigue en Lugo como el 'conseguidor', ya que supuestamente era el que lograba contratos para la empresa gracias a sus contactos políticos y distintas prebendas.

Ese día, el 7 de noviembre, también está llamado a declarar el exconcejal del PP en Castrillón, Manuel Ángel Bartolomé, que fue expulsado del partido en 2009 y luego candidato de IDEAS (Independientes de Asturias) en ese concejo. En la siguiente sesión testificará precisamente el fundador de esa organización política independiente, Juan Morales. Una de las tesis que defiende la Fiscalía es que parte del dinero defraudado por Villalba iría a parar a esta organización, en la que estaba integrada ASIA y también la USPC, el partido de Luis Belarmino Moro, exalcalde de Corvera en los años en los que se construyeron las piscinas y se adjudicó la gestión a Aquagest, también imputado en la causa. El fiscal le acusa de fraude en concurso medial y prevaricación administrativa y pide para él tres años de cárcel. A lo largo de los siguientes días testificarán también otros políticos que han estado vinculados a IDEAS y ASIA, como el exalcalde de Grado, Alejandro Patallo Calo, o la exconcejala de Castrillón Pilar Rocha.

Además de Villalba y Moro, están imputados la hermana, la madre y el exnovio de la hermana del propio dirigente de ASIA, dos concejales de Corvera y directivos de Aquagest, así como la propia empresa. Para Elena Villalba el fiscal pide la misma pena que para su hermano, siete años de cárcel y medio millón de multa. Para su madre y el exnovio la petición es de cuatro años, en el primer caso por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de cohecho, y en el segundo, al entender que «participaba en el entramado de las empresas de los hermanos Villalba».

Para la exconcejala de la USPC, Ana Belén Toro; y el del PP que gobernó en coalición con los independentistas, Luis Solares, la Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel por delitos de fraude en concurso y prevaricación administrativa. Mientras que para los directivos de Aquagest la Fiscalía pide cuatro años de prisión a uno de ellos como cooperador necesario de un delito de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, y a los otros tres cuatro años por cohecho. A la propia empresa le reclama medio millón de euros de multa por un delito continuado de cohecho.

Todos ellos declararán en los primeros días del juicio en octubre, mientras que en los trece días que durarán las declaraciones de los testigos responderán también a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Corvera, así como a las de los abogados que conforman la defensa, algunos de los gerentes de las empresas que supuestamente fueron contratadas por Miguel Ángel Villalba para realizar las obras para Aquagest, además de abogados y asesores relacionados también con esos trabajos y el arquitecto de una de esas obras, Valeriano Rey Fueyo, citado también en el caso que se sigue en Lugo. Por la salón de plenos del TSJA pasarán, además, un número importante de trabajadores de la empresa Aquagest en el momento en el que se produjeron los hechos juzgados, así como empleados de las piscinas de Las Vegas, como camareras del bar u organizadores de actividades y monitores.

Las últimas cinco sesiones -entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre- estarán dedicadas a las pruebas periciales. Declararán los peritos calígrafos de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Asturias que presentaron el informe que certifica que la letra encontrada en un 'post-it' entre la documentación del Ayuntamiento de Corvera relacionada con las piscinas era del exalcalde, así como los que mantienen que esto no es así. Ese papel pondría: «Aquagest 134.897 IVA. 109 sin IVA. Obra no realizada» y habría sido la base de la imputación de Luis Belarmino Moro al entender que demuestra que era conocedor de la supuesta trama.

Lo harán también los peritos de la empresa Aquagest, entre ellos el presidente de la Asociación Colegial Profesional de Peritos Calígrafos de España, Tomás Alonso de Corcuera. Están citados, además, otros técnicos que han analizado la trama económica que supuestamente habría creado el expresidente de ASIA, entre ellos el inspector jefe de la Agencia Tributaria en Gijón, Javier García Román. Las últimas sesiones del juicio (siete) se reservan para las conclusiones de Fiscalía, acusación y las defensas.