El administrador exige a Parter y Riesgo 39 millones por la quiebra de Alu Ibérica

En concreto, la mayor cantidad se le exige a Blue Motion, la sociedad de Parter que en el verano de 2019 adquirió a Alcoa las fábricas de Avilés y La Coruña, a abonar conjuntamente con el resto de implicados. A ellos se les pide una indemnización de 19,5 millones de euros. A Joachim Magin, ejecutivo de Parter, le pide otros 13,5 millones «en su condición de administrador de derecho», mientras que exige otros 6,1 millones, a abonar solidariamente, «a todas las personas naturales afectadas en condición de administrador de derecho, representante, administrador de hecho o directora general», es decir, al propio Magin, y a Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho y Luis Losada, directivos o testaferro de Riesgo.

Les acusa de alzamiento de bienes y de salida fraudulenta de bienes y derechos del patrimonio de la compañía y pide para todos ellos quince años de inhabilitación, el máximo contemplado para estos supuestos, a apreciar una «voluntad defraudatoria» en sus actos al frente de las sociedades de Alu Ibérica.

La administración concursal señala como culpables de la quiebra de la compañía tanto a los administradores de derecho como a los de hecho. En el primer caso s encuentran tanto el ejecutivo de Parter Joachim Magin, como Luis Losada, designado por Riesgo como administrador de la empresa aunque todas las pruebas y declaraciones recabadas durante la investigación de la Audiencia Nacional le señalan como un «hombre de paja o testaferro, que se limitaba a firmar dos veces al mes o a facilitar a terceros sus autentificaciones digitales para que otros lo hicieran por él».

Por eso el administrador concursal extiende su acusación a Víctor Rubén Doménech y a Alexandra Camacho que, aun «carentes de nombramiento formal, mantienen un poder de decisión omnímodo derivado y amparado por una titularidad total o ampliamente mayoritaria de las participaciones en la sociedades del grupo. De acuerdo al escrito remitido al juez, la ya expareja llevaba la dirección estratégica de todo el entramado, disponía de las firmas del testaferro Luis Losada para operar ante las entidades financieras y las administraciones públicas y llevaba la gestión de las materias propias de un administración social «de forma habitual, sistemática y notoria».

El problema principal, no obstante, más allá de la descapitalización progresiva de la planta, es el dinero con el que se realizó la compraventa, un dinero aportado por Alcoa y vinculado a los compromisos adquiridos que, en su lugar, fue transferido a una sociedad de Riesgo para ser abonado posteriormente a otra de Parter como precio por la compra de la aluminera. Por ese motivo es a Magin al que se le requiere una indemnización más cuantiosa, que alcanza los 13,5 millones de euros, «en su condición de administrador de derecho, por ausencia de efectiva financiación con cargo al patrimonio de Blue Motion Technologies». A esta sociedad se le pide que, solidariamente con los restantes obligados, aporte otros 19,5 millones por daños y perjuicios, mientras que se estipula otra cantidad de 6,1 millones a distribuir entre los cuatro acusados por el alzamiento de bienes o salida fraudulenta, «por concurrencia de dolo o culpa grave» en la situación de Alu Ibérica, hoy en liquidación.

Además de ese movimiento de dinero, prohibido por ley y que causó una pérdida patrimonial a la sociedad, a los cuatro acusados se les acusa de ausencia de contabilidad, de falta de la obligada presentación de las cuentas anuales, de la ta de colaboración con la justicia y de otros comportamientos que contribuyeron a agravar la insolvencia de la planta, y se les requiere que devuelvan los bienes y derechos que obtuvieron indebidamente de la masa activa. Todo a la espera de que se resuelva la venta de la planta que, en caso de producirse, sería a Windar, única aspirante tras la retirada de Alu Europa.