R. ARIAS
AVILÉS.
Viernes, 5 de noviembre 2021, 06:14
El Grupo Industrial Riesgo, propietario de las plantas de Alu Ibérica, ha solicitado un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias, contra el secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano, al que acusa de «faltar a la verdad y atacar a la reputación de personas físicas y jurídicas», además de «coacción y amenaza continua a los propietarios y gestores» del grupo empresarial.
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La denuncia la presenta Luis Losada, administrador de PM MR 1866, sociedad que opera con el nombre comercial de Grupo Industrial Riesgo), uno de los cuatro imputados por la Audiencia Nacional por la venta fraudulenta de las plantas y la descapitalización de las mismas, en las que la jueza apunta la comisión de hasta siete delitos: estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos.
La solicitud, presentada ante los juzgados de Lena, hace referencia a unas declaraciones televisivas de Manzano, emitidas el pasado mes de julio, en las que se refería al Grupo Riesgo como «delincuentes», y les acusaba de «haber saqueado la empresa». Señala además que «este grupo de personas», en referencia representantes de otros sindicatos de Alu Ibérica, «agredieron físicamente a varias personas trabajadoras en la sede de la empresa y apenas hubo consecuencias sobre ellos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado», y habla de «huelgas ilegales, concentraciones en domicilios de directivos boicots en las líneas de producción, denuncias diarias y amenazas veladas».
Los propietarios de Alu Ibérica exigen que se reconozcan estas declaraciones como «calumniosas», que se pida perdón por escrito y que se le abonen a Losada 20.000 euros de indemnización por daños y perjuicios.
Por su parte, CC OO considera que la demanda está «absolutamente infundada» y que forma parte de « una estrategia encaminada a atemorizar y coartar la libertad sindical y de expresión en un intento de impedir que se sigan denunciando públicamente las situaciones que se vienen desarrollando en la planta avilesina«. Recuerdan que las demandas a los trabajadores y escritos amenazantes han sido »una constante« en los últimos tiempos, y que el sindicato seguirá »sigan diciendo alto y claro que lo sucedido es un atropello y un cúmulo de ilegalidades«.
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Han convocado además una concentración de repulsa el próximo día 11 ante los juzgados de Pola de Lena, coincidiendo con la comparecencia de Manzano.
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