El acuerdo transaccional en Alu Ibérica se retrasa tras las demandas de los trabajadores excedentes

El 17 de diciembre del pasado año, el Tribunal Supremo rechazaba las impugnaciones que varios antiguos trabajadores de Alu Ibérica habían presentado contra la homologación del acuerdo transaccional en el Tribunal Supremo, indicando que la forma correcta era presentar una demanda sobre la que, posteriormente, se pronunciaría el alto tribunal.

En su resolución, fijaba un plazo de diez días para el registro de la posible demanda, señalando de manera explícita que indicar la existencia de esa vía judicial no suponía que se fuese aceptar y, de ser aceptada, que la resolución judicial fuese favorable a los demandantes.

Sin embargo, el plazo de diez días se suspendía por las vacaciones judiciales que el pasado año decretaba el gobierno central de manera sorpresiva al declarar inhábiles el periodo comprendido entre Nochebuena y el día de Reyes. Con esta decisión, se suspendía el plazo de diez días fijado por el Tribunal Supremo para que se formalizase la demanda.

La semana pasada, las partes personadas en el proceso de homologación, es decir, todos los sindicatos de Alu Ibérica, Alcoa y la administración concursal de Alu Ibérica, tanto en Avilés como en Galicia, eran informados de que se habían registrado demandas al proceso.

El siguiente paso será que el Tribunal Supremo decida si admite o no la demanda a trámite. Todo apunta a que será admitida, con lo que se remitirá la documentación a las partes de cara a la vista que se deba celebrar.

A partir de ahí, deberá aguardarse a la resolución judicial y la posible sucesión de recursos que se puedan dar por cerrado todo este proceso. La noticia era recibida ayer como un jarro de agua fría por las partes, especialmente en los sindicatos ya que verán como el proceso de homologación va a sufrir un retraso cuando, en el momento de firmar el acuerdo transaccional (en abril del pasado año) se avanzaba que las indemnizaciones se iban a recibir en el plazo de unos pocos meses.

La demanda ha sido impulsada por un grupo de antiguos trabajadores que se encontraban en Alcoa cuando se firmó el acuerdo social de 2019. Sin embargo, ante la evolución de la situación de Alu Ibérica, optaron por dejar la empresa.

En las negociaciones del acuerdo transaccional, los sindicatos USO y Confederación de Cuadros y Profesionales fueron especialmente beligerantes para que este grupo fuese incluido entre los beneficiarios del acuerdo transaccional aportando, entre otras razones, la posibilidad de que se recurriese el acuerdo y se retrasase el pago. Sin embargo, se impuso el criterio de Alcoa que consideraba que habían perdido sus derechos y no podían beneficiarse.