«De los acusados se han caído el PP y el PSOE, solo quedamos los 'pininos'»

Si ya el martes el exalcalde de Corvera, Luis Belarmino Moro, mostró su disconformidad con el escrito de acusación firmado por la Fiscalía contra él y contra su concejala de Hacienda, Ana Belén Toro, por el llamado 'caso Aquagest', ayer fue su abogado José Carlos Fernández quien, a preguntas de este periódico, incidió en la «falta de fundamentación jurídica» del mismo y resaltó lo sospechoso que resultaba que «de los acusados se han caído todos los del PP y los del PSOE, solo quedamos los 'pininos'», en referencia a sus clientes, militantes de la Unión Social y Progresista de Corvera (USPC) cuando ocurrieron los hechos investigados.

Tanto Moro como Toro se enfrentan a una petición de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de fraude en concurso con prevaricación administrativa por su actuación en la concesión de la gestión de las piscinas de Corvera. La misma pena se solicita para Luis Solares, concejal de Urbanismo del Partido Popular (ahora en una plataforma vecinal), que entonces mantenía un acuerdo de gobierno con la USPC.

De los doce investigados por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Avilés, la Fiscalía cree que la causa debe ser sobreseída sobre Joaquín Fernández, exvicesecretario de comunicación del Partido Popular y expresidente de este partido en San Martín del Rey Aurelio, pero no así sobre las ocho personas restantes que señalaba el auto judicial. Se trata de Miguel Ángel Villalba, fundador del partido ASIA (Agrupación Social Independiente de Avilés), que logró cuatro concejales en las elecciones municipales de 2007, y su hermana Elena Villalba, concejala en Avilés entre 2007 y 2011, para quienes se pide siete años de cárcel y más de medio millón de euros de multa por los presuntos delitos de falsedad documental y de cohecho; la madre de ambos, el exnovio de Elena, y tres directores de Aquagest, que se enfrentan a cuatro años de cárcel por un presunto delito de cohecho y, en el caso de la primera también al pago de una multa de medio millón de euros; por último, tres años de prisión para Henry Laíño, representante de Aquagest, por un presunto delito de fraude.

En lo concerniente a Luis Belarmino Moro y a Ana Belén Toro, su letrado ironizaba ayer sobre las acusaciones de fraude y prevaricación administrativa en la adjudicación de las piscinas. «Se nos imputa que este procedimiento no fue legal. ¡Cómo no va a serlo si cuenta hasta con el refrendo del Tribunal de Cuentas!», argumentó. Además, «ahorramos al Ayuntamiento diecisiete mil euros porque en las bases del proceso se indicaba que tendría que ser el adjudicatario el que pagara el pliego de condiciones técnicas y resulta que ahora lo consideran una malversación».

Leyes y artículos

El abogado insistió en la «falta de fundamentos fácticos» del escrito con ejemplos como la remisión que en un momento se hace a la Ley de Contratos del Sector Público a propósito de la redacción del pliego de condiciones y cláusulas técnicas, que en vez de ser redactado por un funcionario, según reza la acusación de la Fiscalía, fue contratado a un profesional externo. «La fiscal nos remite a esa ley, pero no sabe a qué artículo porque no violamos ninguno. ¿Dónde pone que no se puede encargar un trabajo de estas características a alguien de fuera?», se preguntó. De hecho, aseguró que de haber aquí alguna irregularidad, cosa que duda, no sería achacable a sus clientes porque el concejal de Urbanismo era Luis Solares y habría sido él el encargado de que saliera adelante la redacción del pliego. «Era un contrato de obra menor, que no tenía que salir a concurso y que Solares, que asumía la competencia de Urbanismo, adjudicó a un ingeniero que conocía», ahondó. «¿En qué ley pone que un ingeniero no puede redactar estos pliegos, cuál es la cualificación necesaria para hacerlo?, en dónde viene porque me interesa saberlo ya que, según la fiscal, el redactor carecía de la titulación necesaria», insistió.

José Carlos Fernández comentó también como se ha ido «quedando en nada» un caso con una investigación policial que puso en entredicho. «¿Qué ha sido de aquel famoso post-it donde la Policía juntó unas cifras aleatorias que le pareció que sumaban lo que tenían que sumar?», se preguntó. Se refería a un post-it recogido en la instrucción judicial, pero no en el escrito de acusación de la Fiscalía, cuya autoría se atribuía a Luis Moro en virtud de un informe pericial y en el que se decía «Aquagest-134.897 IVA, 109 sin IVA, obra no realizada».

La Fiscalía concluye en su escrito que Miguel Ángel Villalba y su hermana idearon una trama para beneficio personal y para sufragar su campaña política a cambio de favores a Aquagest.

En relación con Corvera, esta empresa se adjudicó la gestión de las piscinas y el centro deportivo municipal, según el Ministerio Público por la amistad y relación profesional que uniría a Miguel Ángel Villalba y a Moro, algo que éste niega.

• Temas
• Avilés
• Corvera de Asturias
• Caso Pokemon
• Caso Aquagest