Villalba y el exalcalde de Corvera se enfrentan a siete y tres años de cárcel por el 'caso Aquagest'

Miguel Ángel Villalba, fundador de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) y su hermana Elena, ambos concejales en el Ayuntamiento de 2007 a 2011, se enfrentan a una petición de siete años de cárcel y a una multa superior a medio millón de euros cada uno como supuestos autores de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y de cohecho en el llamado 'caso Aquagest'. Son los peor parados en el escrito de acusación de la Fiscalía del Principado que recoge 46 años de cárcel para los once encausados y que pide el sobreseimiento para Joaquín Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP asturiano y expresidente del partido en San Martín del Rey Aurelio.

Según el Ministerio Público, los hermanos Villalba sufragaron la campaña política de ASIA gracias a los pagos por valor de más de medio millón de euros de la empresa Aquagest, a favor de la que intercedieron en el Ayuntamientos de Corvera, a cuyo alcalde le unía una relación de amistad. Ello le puede costar a Luis Belarmino Moro, y a los exconcejales de Urbanismo y Hacienda, Luis Solares y Ana Belén Toro, respectivamente, tres años de cárcel por un presunto delito de fraude en concurso con otro de prevaricación administrativa.

Aparte de ellos, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y multa de medio millón de euros para la madre de los hermanos Villalba, para el novio de Elena y para el director financiero, el responsable económico-financiero de la dirección territorial Norte y el director de zona de Aquagest, por un presunto delito de cohecho. Por último, otros tres años para Henry Laíño, representante de esta empresa, por un delito de fraude.

Luis Belarmino Moro afronta la petición «con el ánimo del mayor inocente del mundo» y critica la «falta de rigor y de fundamentación jurídica» del escrito fiscal. Recalca que «todos los acuerdos adoptados sobre las piscinas en el Ayuntamiento de Corvera, todos, contaron con los informes técnicos, jurídicos y económicos favorables» y que durante la instrucción se enviaron «todos los documentos al Tribunal de Cuentas, que ha dicho que nuestros acuerdos han sido perfectos».

A Luis Solares, la petición de la Fiscalía, de la que se enteró por televisión, «ni fu ni fa». «Hay cosas que no entiendo. Habrá que ir a juicio», respondió lacónico a las preguntas de este medio. Por su parte, Elena Villalba, afirmó estar esperando «a poder defenderme» porque «el 90% de lo que se ha publicado sobre nosotros es falso». Eso sí, mostró su sorpresa por el delito de cohecho que le adjudica la Fiscalía.

Según el escrito, entre los años 2009 y 2011, Miguel Ángel Villalba «ideó» junto a su hermana Elena «un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar las actividades de su partido a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas».

La adjudicación de la piscina

El primero de los once hechos que detalla el documento es el procedimiento de contratación para la gestión integral del complejo deportivo de la piscina cubierta y climatizada, gimnasio e instalaciones municipales de Corvera, en acuerdo plenario de 31 de marzo de 2009. En la tramitación de este expediente, Moro, Solares y Toro «de común acuerdo y con el objetivo de adjudicar el servicio a Aquagest por razones o contraprestaciones que no constan, y sin tener en cuenta el posible perjuicio económico para el municipio al rechazar otras ofertas, no observaron la legalidad vigente aplicable al caso».

Así, ya la misma redacción de los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas para la gestión del recinto se encargó a una persona ajena al Ayuntamiento «que carecía de la titulación necesaria y de la experiencia adecuada», a pesar de que la administración local contaba con personal cualificado para tal labor». «¿Y qué?», respondió ayer Moro a este matiz del escrito, «los trabajadores del Ayuntamiento estarían ocupados haciendo otra cosa».

Sea como fuere, los pliegos resultaron con «deficiencias técnicas que afectaban a la transparencia de la información pública», infringían la Ley de Contratos del Sector Público y «no garantizaban la selección de la oferta económica más ventajosa». Los 15.150 euros que costó este trabajo no fueron abonados por el Ayuntamiento, como correspondería, sino por Aquagest, que finalmente resultó adjudicataria de la concesión.

Luis Belarmino Moro y Henry Laíño, representante de Aquagest, firmaron el contrato el 10 de julio de 2009 «a sabiendas de las irregularidades cometidas». Al exalcalde se le acusa también de conocer los pagos que la empresa realizaba a Miguel Ángel Villalba, «con el que llegó a compartir formación política en las elecciones de 2011», en referencia al partido político IDEAS, que se presentó a las elecciones regionales.

Una vez formalizada la concesión del complejo deportivo, Miguel Ángel y Elena Villalba «confeccionaron, a sabiendas de su falsedad, un total de cinco facturas con cargo a Aquagest» por obras en la cafetería que no se realizaron por importe de 134.897 euros. No solo los Villalba habrían falseado las facturas, tanto el director financiero como el responsable económico-financiero en la dirección territorial Norte como el director de zona de Aquagest «informaron favorablemente al pago» de las mismas.

En esta fase del supuesto proceso defraudador entra la madre de los Villalba, en tanto que cotitular en la cuenta en la que se ingresó este dinero, y a la que la Fiscalía acusa de «consentir el ingreso (...) para facilitar los planes de sus hijos, efectuando luego varias disposiciones del dinero depositado por un importe total de 107.670 euros».

El Ministerio Público cree que, en contrapartida por los pagos recibidos «y por otros a percibir en el futuro», el 26 de octubre de 2009, Miguel Ángel Villalba apoyó en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés la incorporación de Aquagest a la Sociedad Mixta de Gestión de las Aguas del Concejo de Avilés. En aquella votación, los once concejales del PSOE contaron con los ocho del PP y los cuatro de ASIA. Se opusieron los dos de IU-BA-LV.

Comunidad de bienes

Llegados a este punto, y dados los pagos de Aquagest a Miguel Ángel Villalba cada vez más difíciles de justificar, su hermana lo habría ayudado a través de la constitución de una comunidad de bienes 'Ariel Cb', en la que participaba como socio su novio, según la Fiscalía. El objeto de esta sociedad eran las obras de albañilería y pequeños trabajos de construcción, «aunque en la práctica apenas tenía actividad». De hecho, los únicos ingresos de la comunidad de bienes los realizó Aquagest entre el 27 de abril de 2010 y el 30 de abril de 2011: trece transferencias por valor de 231.241,19 euros.

A los hermanos Villalba los acusa la Fiscalía también de facturar, utilizando la identidad de un tercero, 109.270 euros a la comunidad de bienes «por obras no ejecutadas» en Gozón. Asimismo, habrían girado a Aquagest cuatro facturas «por los mismos conceptos que las anteriores» (las obras que, al parecer, no se hicieron) por 133.555, 08 euros y otras tres por obras en Gozón y Cangas de Onís «por obras que no fueron realizadas por la comunidad de bienes» sino por otra persona y otra mercantil. Estas supusieron 22.538 euros.

El Ministerio Público se fija también en la gestión de la cafetería que a pesar de estar suscrita con Y. M. G. por un periodo de cinco años, «el negocio era gestionado de hecho por Miguel Ángel Villalba, quien, a su vez, concretó verbalmente con P. V. R. la cesión de la explotación del establecimiento por 500 euros mensuales, que eran entregados en metálico. Ambas sin ningún tipo de contrato de trabajo», añade.

Por último, el escrito recoge quince transferencias de Aquagest en la Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito por valor de 87.110 euros, que poco después eran extraídas por F. A. T. «por indicación de Miguel Ángel Villalba, quien finalmente se quedaba con el dinero».