El 'caso Aquagest', entre la mera cortesía comercial y el cohecho y tráfico de influencias

El estallido del 'caso Aquagest' en la comarca en marzo de 2013 parecía circunscribirse a una supuesta trama comarcal, que tendría su epicentro en el complejo de piscinas climatizadas de Corvera. Pero el avance de la investigación por parte de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad ha acabado por extender el caso mucho más allá hasta sacar a la luz el «caldo de cultivo» en el que se guisó la corrupción en España.

Si inicialmente la jueza investigaba la supuesta trama de generación de dinero negro que tendría como principales protagonistas a Aquagest y a los exediles de la Agrupación Social e Independiente de Avilés (ASIA) -los hermanos Miguel Ángel y Elena Villalba-; las pesquisas se han extendido ahora para determinar si la empresa compró voluntades a diestro y siniestro para obtener contratos por toda Asturias.

En concreto, se trataría de dilucidar si los regalos y viajes pagados a políticos en activo se circunscribían a una más o menos admisible 'cortesía comercial' o si directamente podrían ser constitutivos de delitos de cohecho o tráfico de influencias.

Que Aquagest -como otras empresas que tienen entre sus principales vías de negocio los contratos con administraciones públicas-, han venido siendo muy generosos con quienes ocupan cargos de responsabilidad política en esas administraciones es indiscutible.

Incluso ha llegado a plantearse esa generosidad como algo 'cultural', 'tradicional'. Es cierto que España ha sido un país que no entiende una reunión de negocios sin una comida de por medio -y no precisamente en una tasca-, y en el que no es extraordinario que se celebre un contrato comercial con una cena con posterior juerga nocturna. Los 'detalles' con los clientes han sido algo muy extendido entre empresas cuando el negocio lo merecía, y esa costumbre no se aparcaba cuando esos clientes eran meros gestores de dinero público.

La propia alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela, reconocía en el pleno de diciembre de 2011 que aquel año se habían recibido en el Ayuntamiento «ocho cestas de navidad» de una empresa implicada en otro de los casos de corrupción abiertos en Asturias en los últimos años, el llamado 'caso Marea', pero que aquellos regalos eran algo habitual por «una cuestión de tradición cristiana» que «no se debe sacar de contexto».

Y fuera por tradición cristiana o pagana, la cierto es que Aquagest era muy generosa y, que se sepa, en Asturias ha pagado estancias en el balneario de Las Caldas a unos cuantos políticos y una excursión en autobús a afiliados del PP de Coaña y de Navia. Los jamones ibéricos, según se desprende de las escuchas policiales, también eran un 'detalle' habitual en el entorno de la empresa en Asturias. Los regalos iban mucho más allá en el caso de Galicia, a la vista de lo que ha trascendido del caso 'Pokemon' y su 'comercial' desde hace más de una década, el imputado exsecretario del PP de Asturias, Joaquín Fernández, aparece en las investigaciones como un hábil tejedor de relaciones político-empresariales a golpe de chequera y favores.

Fuentes consultadas por este diario reconocen que esas prácticas 'comerciales' no son exclusiva de Aquagest. La gestión de los servicios públicos -en este caso el agua-, se ha convertido en los últimos años en un multimillonario negocio, y aparentemente muy seguro, por lo que la competencia entre las empresas que optan a hacerse con esos contratos es enconada. Quien quiera hacerse con la gestión del agua en un municipio no puede limitarse a enviar un folleto al Ayuntamiento y esperar sentado a que convoquen el correspondiente concurso. «Tienen que convencer a quien toma la decisión, al político, de que ese cambio de gestión es lo mejor para su ciudad», apunta una de esas fuentes.

Y en esa labor de 'proselitismo privatizador' se enmarcarían gastos asumidos por Aquagest como viajes a su sede central de Barcelona para conocer sus métodos de trabajo. Uno de esos viajes fue, por ejemplo, el del alcalde de la localidad colombiana de La Dorada, Erwin Arias, que en noviembre de 2012 viajó a España por cuenta de Aquagest para visitar dichas instalaciones, las de Avilés y otras de la compañía en Galicia. «Fue un intercambio de experiencias muy agradable», dijo el primer edil colombiano a LA VOZ DE AVILÉS en alusión a una gira que tenía por objeto conocer fórmulas de gestión que pudieran aplicarse en su municipio, «aunque finalmente no se llegó a realizar el cambio» por cuestiones legales «sobre las concesiones del agua en Colombia».

También viajó a Barcelona durante un fin de semana parte del equipo de Gobierno de Coaña que también se fue de excursión a La Coruña a costa de Aquagest. Aunque, en su caso, el viaje se produjo después de que se aprobara la adjudicación a la empresa de la gestión del agua en el municipio tras un concurso al que fue la única concurrente, -Aqualia, su gran competidora, alegó señalando que no pudo acceder al pliego de condiciones-.

Límites

Sin embargo, ¿en qué momento esos regalos y viajes se convierten en cohecho o tráfico de influencias? La ley no habla de cantidades, no fija un límite a partir del que se pueda considerar que un cargo público ha sido sobornado. Por lo general, se estima que la 'dádiva' tiene que ser lo suficientemente generosa como para exceder lo razonable de acuerdo con el nivel de vida de quien recibe el regalo. Es decir: ¿un alcalde de Coaña podría permitirse con su sueldo una excursión en autobús a La Coruña?

Tal vez por ello, el actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se esforzó días atrás en resaltar la afición que comparte con su esposa por los balnearios. Lo hizo durante su comparecencia en el parlamento cántabro para explicar por qué fue invitado por Aquagest a un fin de semana en el balneario asturiano de Las Caldas. «Mi sueldo, que lo conocen todos los cántabros, da para algún buen rato al margen de los muchos malos que pasamos en el ejercicio de la política», dijo tras señalar, además, que en ningún momento pudo favorecer con una decisión suya a Aquagest.

Porque ese es el otro aspecto determinante que trata de aclarar la jueza al analizar todos los contrato de la empresa en Asturias que están siendo investigados: ¿hubo acciones irregulares por parte de cargos públicos para facilitar a dicha compañía frente a otras?.

Por ahora -a la espera de lo que digan los informes encargados por la jueza sobre los contratos de Aquagest en 27 concejos asturianos-, el único procedimiento en el que se han observado irregularidades sería precisamente el de la piscina de Corvera. Por tales irregularidades estarían imputados el exalcalde y la exedil de Hacienda, Luis Belarmino Moro y Ana Belén Toro, ambos de la USPC, y el exedil de Urbanismo, Luis Solares, entonces en el PP.

Sin embargo, en el caso de Corvera, y hasta donde ha trascendido, no constaría que ninguno de los tres hubiera recibido de Aquagest ni un simple calendario de regalo. Quien sí habría obtenido beneficio con las piscinas sería la trama supuestamente maquinada por los Villalba, a la que Aquagest pagaba por obras y servicios que según las investigaciones, o no se prestaban, o se hacían a través de terceros a un precio inferior al abonado por la empresa adjudicataria de la piscina.

La Brigada de Policía Judicial de Delincuencia Económica y Tecnológica trabaja sobre la hipótesis de que los negocios de los Villalba con Aquagest sirvieran entonces para financiar Ideas, la formación en la que se integraban la ASIA avilesina y la USPC de Corvera y que pretendía poner a Juan Morales -ahora reintegrado en el PP-, como presidente del Principado. Según los cálculos de la Policía, los pagos realizados a la presunta trama de los Villalba superarían los 475.000 euros.

Esa hipótesis podía hacer pensar que, en el marco de la conocida generosidad de Aquagest, la USPC de Corvera puso en contacto a la empresa gestora de su piscina con el promotor de Ideas, Miguel Ángel Villalba. Pero uno de los altos cargos de la empresa lo niega.

Según declaró en el marco de las investigaciones dicho directivo -Ignacio Ramón S. B., también imputado-, el propio Villalba habría acudido a él porque se conocían desde hacía muchos años. El exconcejal avilesino le habría expuesto entonces que andaba corto de dinero y que no le vendría mal algún encargo de Aquagest para aliviar su situación económica. El directivo de Aquagest habría accedido a ello y comenzó a encargarle obras y servicios, tanto en las piscinas de Corvera cono en otros puntos de la comarca.

Transferencias

Una vez que los Villalba se ponen a funcionar, los responsables de la empresa podrían haber actuado -lo determinarán los jueces-, como auténticos incautos que no se fijaban a dónde iba a parar el dinero que transferían desde sus cuentas. La Policía, en cambio, cree que Aquagest sabía lo que se hacía, y sospecha -así lo refleja uno de sus informes-, que parte del dinero que pagaba a los Villalba regresaba a la empresa 'en negro' para pagar supuestos sobornos.

Ahora, las investigaciones tratan de ver si se pudieron repetir episodios similares en otros concejos asturianos con contratos con Aquagest y en los que ya se han detectado ediles agasajados por la empresa. A la espera de las consecuencias penales de todo ello, la mera investigación ya se ha cobrado alguna cabeza política, ya sea la del 'comercial' de Aquagest, Joaquín Fernández, o la del exedil de Llanes y exdirector general de Administración Local, el socialista Francisco José Balmori, también imputado.