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Miércoles, 28 de abril 2021, 12:32
El diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, ha urgido este miércoles, en Junta General del Principado, al Gobierno asturiano y al organismo autónomo de residencias ERA a abordar con la empresa adjudicataria de servicios en el centro residencial de Grado la subrogación de ... empleos. En rueda de prensa, Zapico ha apelado al diálogo social para garantizar los derechos de trabajadores que prestan su servicio en el ERA afectados por la licitación del servicio al que pertenecen, ya que la empresa adjudicataria parece que no tiene intención de subrogar. Los puestos afectados están en las áreas de portería, custodia y control de accesos.
Asimismo, ha mostrado el rechazo de su formación a que «se penalice el empleo cooperativista» y hace un llamamiento para que se resuelva «una situación que va contra la ley y la jurisprudencia». El diputado ha resaltado que el «epicentro» de esta situación está en la residencia de Grado, con cinco personas afectadas, y ha hecho un llamamiento público a la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, y a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, para que se solucione la controversia. Además, ha advertido de que puede tener un «alcance global» para toda la comunidad autónoma ya que, a su juicio, transigir con este planteamiento «supone poner en peligro de forma potencial otros contratos en el resto de Asturias».
«Esto tiene que estar resuelto antes del uno de mayo, por lo tanto, antes del viernes de esta semana. Queremos saber, durante todos estos días, si están hablando con esta empresa para subsanar esta problemática», ha enfatizado el parlamentario. Para Zapico, es necesario que el Principado de Asturias haga cumplir las bases de la licitación que, ha explicado, supone que se subroguen los contratos actuales, incluidos los de los trabajadores pertenecientes a una cooperativa, que son los que, en este caso, se están viendo afectados. Por ello, el coordinador de IU insiste en la necesidad de que la Administración autonómica «cite» a la empresa adjudicataria para abrir el «diálogo social» y que se subrogue «de forma inmediata» los contratos de los cooperativistas que en estos momentos ven peligrar su empleo.
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