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El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, pide «suspender cautelarmente» todas las licencias de investigación minera que existen actualmente ... en el Principado de Asturias «similares» a la que se concedió a la empresa Blue Solving para trabajar en el interior de la mina de Cerredo, donde el pasado lunes murieron cinco personas y resultaron heridos de gravedad otros cuatro. Las dudas generadas en torno a la actividad que realmente esta compañía realizaba en el interior de esta mina y sobre si estos trabajos se ajustaban o no a lo previsto en su licencia, para la investigación en torno al grafito, han hecho que la consejería en manos de IU-Convocatoria por Asturias, socia minoritaria en el Gobierno regional, haya levantado la voz. Zapico entiende que toca «parar un poco y analizar todo lo que está pasando» para evitar que se repitan accidentes como el sufrido el pasado lunes y que «no son normales en nuestra época«. »No podemos consentir ni un paso atrás en materia de seguridad laboral y no podemos consentir situaciones en materia de trabajo más propias del siglo pasado«, dijo.
Zapico entiende que la investigación sobre lo ocurrido debe ir ahora por tres cauces distintos. El judicial, celebrando en ese sentido la decisión del Gobierno del Principado de presentarse como acusación particular; el administrativo, pero también el político. Y en ese sentido, el también coordinador general de IU en Asturias confirmó que el lunes se ha convocado de forma extraordinaria a la comisión colegiada de IU -órgano de gestión del partido- para abordar lo ocurrido y adoptar una posición política al respecto «de forma calmada». Precisamente bajo la justificación de no querer realizar valoraciones precipitadas, el consejero de IU evitó este viernes manifestarse sobre la posible responsabilidad política de la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, lo que se ha leído en algunos foros como una falta de apoyo a su compañera en el Consejo de Gobierno.
Las reacciones políticas sobre el trágico accidente ocurrido el lunes en la mina de Degaña y todas las informaciones que se han ido conociendo desde entonces en relación con posibles irregularidades no han cesado, acorralando cada vez más a la máxima responsable en materia de Industria. Desde Vox ven «absurdo e incomprensible» que se vaya a crear una Comisión Especial de Investigación integrada por los mismos miembros de la Comisión Regional de minería para abordar el accidente. «Es decir, se van a investigar a ellos mismos y no se van a reunir hasta el 28 de abril, casi un mes después del accidente. ¿A qué esperan para empezar?», se pregunta la diputada de Vox, Carolina López, quien ya ha solicitado una comisión de investigación en la Junta y reprocha al PP que, por el momento, no se hayan sumado a su propuesta. «Sólo en una Comisión de Investigación parlamentaria, como pide Vox, aunque suene raro decirlo, están obligados a decir la verdad, algo muy difícil para el PSOE», argumentó.
En respuesta a Vos se manifestó este viernes el presidente del PP, Álvaro Quiepo, quien entiende que antes de tomar ninguna decisión «hay que escuchar las explicaciones del Gobierno en donde debe darlas: en la Junta General». Eso sí, los populares no descartan impulsar una comisión aunque recuerdan que para que salga adelante se necesita la mayoría del arco parlamentario. «Lo importante no es su solicitud, sino que pueda salir adelante», dice el portavoz popular, pasando la pelota a las fuerzas de la izquierda. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, cree que lo primero es escuchar a la consejera y al propio presidente del Principado en la Cámara asturiana y «luego ya veremos». Pumares fue muy crítico con la gestión del Gobierno regional y de la consejería, asegurando incluso que «cada día que pasa tenemos más claro que el Gobierno del Principado actuó con negligencia o, cuanto menos, con poco interés«. »Uno no puede estar permanentemente presumiendo de que viene de familia minera y luego consentir que en su Gobierno se mire para otro lado cuando hay denuncias ciudadanas que advierten de que se están cometiendo presuntas ilegalidades en determinadas minas«, recriminó en clara referencia a Adrián Barbón.
La presión política llega también por parte de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien incidió este viernes en que preguntará en la Junta por lo ocurrido en la mina de Cerredo. Y advirtió de que «si no hay respuesta, si no hay información, y si no se asumen responsabilidades políticas, administrativas y a todos los niveles, habrá que poner en marcha todas las herramientas necesarias para forzarlo».
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