El Comercio / EFE
Martes, 25 de agosto 2020, 17:54
Pese a que quedan unas semanas para que arranque el próximo curso escolar 2020-2021, la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que la vuelta a las aulas esté repleta de incógnitas. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya asegurado ... este mismo martes que «debe iniciarse con normalidad y no hay otra hora de ruta» y el Principado de Asturias haya considerado «prioritario» garantizar la presencialidad de los alumnos de etapas inferiores, lo cierto es que muchos padres dudan sobre la seguridad de llevar a sus hijos a clase.
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De hecho, varias Comunidades Autónomas pedirán el jueves en la Conferencia Sectorial sobre el inicio del nuevo curso a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que aclare las consecuencias que puede acarrear que los padres no lleven al colegio a sus hijos en edad de escolarización obligatoria por miedo a un contagio por coronavirus.
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Eva Fanjul
En España la educación es obligatoria para todos los menores de entre 6 y 16 años. Esto quiere decir que las familias que decidan no llevar a sus hijos en edad escolar a clase podrían tener problemas legales. No obstante, este rango dejaría fuera a los niños de entre 3 y 6 años, los que cursan Educación Infantil, ya que las familias no están obligadas a inscribirlos en un centro educativo.
Además, hay que tener en cuenta que en Asturias los centros educativos tienen que actuar e informar a Servicios Sociales cuando los estudiantes falten injustificadamente a al menos el 20 % de las clases, es decir, cuando detecten absentismo escolar.
En este sentido, la viceconsejera de Educación de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha pedido al Ministerio de Educación que «deje claro» el hecho de que «la no asistencia a los centros educativos no es una opción en la enseñanza básica».
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Cantabria también quiere que se aclare en la reunión con el Gobierno central qué decisión se va a tomar respecto a los padres que por miedo no vayan a mandar a sus hijos al colegio, pese a estar en edad de escolarización obligatoria.
Pedirá en la reunión de los ministerios de Educación y Sanidad con las autonomías que se fije un protocolo claro y «coordinado» para todas las comunidades sobre cómo actuar y cuándo hay que cerrar aulas o colegios si surgen positivos en la COVID-19, y también pautas sobre si se hacen PCR a los docentes.
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