Han conseguido en los tribunales lo que no consiguieron con meses de negociación y varias movilizaciones. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia favorable a la demanda de conflicto colectivo iniciada por CCOO contra la Universidad de Oviedo (a la que se sumaron todos los sindicatos del comité de empresa) para reclamar el pago de las cantidades que se adeudaba a unos doscientos investigadores predoctorales. A algunos, hasta 7.000 euros.
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La cuestión es que el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIPF) que entró en vigor en marzo de 2019 (que homegeneizaba sus condiciones laborales y marcaba los salarios mínimos y las subidas correspondientes a los dos últimos años de contrato) no se aplicó en la institución asturiana. No al menos en la parte que correspondía al incremento salarial aplicable a los investigadores predoctorales de tercer y cuarto año de contrato que hubieran firmado dicho contrato antes de esa fecha de marzo de 2019. Por eso se llegó a la vía judicial, en la que la defensa del colectivo recayó en la abogada del sindicato CC OO Nuria Fernández. «Entendíamos que no se podía discriminar ese derecho salarial», defiende la presidenta del comité de empresa, Ángeles Fal, satisfecha por el fallo judicial.
En su sentencia, el TSJA declara «el derecho del personal investigador predoctoral en Formación de tercer y cuarto año a percibir, desde el día 16 de marzo de 2019, las retribuciones fijadas por el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.Es decir, un mínimo de 17.279,55 euros anuales para el personal en tercer año y de 21.599 euros anuales para el personal en cuarto año hasta el 31 de junio de 2019; y un mínimo de 17.321,18 euros anuales para el personal en tercer año y de 21.651,47 euros anuales para el personal en cuarto año a partir del 1 de julio de 2019». La sala de lo Social condena a la Universidad de Oviedo «al abono de las correspondientes diferencias retributivas devengadas desde tal fecha, incrementadas en el 10% de interés anual».
«Es una gran satisfacción porque llevábamos mucho tiempo luchando por los derechos de un colectivo especialmente precarizado, como son los investigadores jóvenes que, no olvidemos, son la base de la investigación», destaca Fal.
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