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OLGA ESTEBAN
GIJÓN.
Miércoles, 16 de junio 2021, 04:01
Todos de acuerdo con el fin, pero llenos de dudas sobre el camino para llegar. Este podría ser el resumen del sentir generalizado de los responsables universitarios tras escuchar el nuevo planteamiento del equipo rectoral, que pasa por ligar una parte de su presupuesto ... anual a la consecución de determinados objetivos o indicadores. Tal y como adelantó ayer EL COMERCIO, Ignacio Villaverde presentó su propuesta en la primera reunión del nuevo Comité de Coordinación de Centros de la Universidad, con presencia no solo de los centros sino también de departamentos e institutos universitarios.
Y la idea gustó. «Es una buena idea, el planteamiento es bueno y va a ser positivo para todos», dice por ejemplo Levi Pérez, decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. La comunidad universitaria parece convencida de que ese es el futuro y de que el nuevo modelo de financiación, similar a los contratos programa, es la línea a seguir. El problema vendrá en cómo fijar esos objetivos o criterios. Primero porque, como dice José Antonio, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, «hay que tender a la generalidad», es decir, a indicadores que se puedan aplicar en todos los casos, para buscar la mayor «igualdad posible». Pero, a la vez, habrá que tener en cuenta las características específicas de cada centro y departamento.
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Este debate arrancó el lunes poniendo sobre la mesa el análisis que ha realizado el equipo rectoral de las cuentas de toda la estructura universitaria, quién gasta, cuánto y en qué. Un análisis que, según el propio rector, no tiene «un afán comparativo, no se hace para saber qué centro gasta más o qué centro gasta menos, sino para tener conocimiento de cuál es la situación presupuestaria actual de cada órgano. La Universidad tiene qué analizar en qué gasta, era una de las apuestas de este equipo de gobierno, la implantación de una contabilidad analítica y esto forma parte de esa apuesta». El decano de la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez, destacaba en este sentido lo positivo de contar por ver primera con esta comparativa y cree que el nuevo sistema logrará unos «presupuestos mucho más ajustados».
Aunque no haya afán comparativo, lo cierto es que según los asistentes ese análisis sí puso de manifiesto «desigualdades» que habrá que analizar. Porque aquí entra en juego la segunda gran dificultad para la fijación de los objetivos: la heterogeneidad de la Universidad de Oviedo. Ignacio Villaverde puso en la reunión varios ejemplos de universidades españolas que ya funcionan con ese sistema. Una de ellas es, por ejemplo, la Politécnica de Madrid, cuyos estudios son mucho más homogéneos. Levi Pérez apunta que otros ejemplos tampoco serían válidos porque se trata de universidades con una estructura de centros, y no de departamentos como aquí.
Así que, con todo ello, y tal y como admite Javier Teruelo, decano de Derecho, «se ha abierto un melón» que prevé dificultades. Estando como está Teruelo absolutamente de acuerdo en el fondo y la línea de trabajo, adelanta que el «trasvase de dinero» que se prevé (porque habrá el mismo presupuesto, es de esperar, pero repartido de distinta forma) puede conllevar más de un conflicto.
Es evidente que hay mucho trabajo por delante, pero Villaverde no quiere dar plazos largos. De hecho, ayer mismo confirmó que el objetivo es «tener para principios de curso una propuesta de indicadores que sirvan para asignar tanto la parte fija como la variable». A partir de ahí empezará el debate, que no será fácil.
Y luego, una vez que eso se haya consensuado, hay que fijar qué porcentaje del presupuesto será el variable. Para empezar, es de esperar que sea pequeño. «Habrá que analizar si funciona y si realmente incentiva», dice Levi Pérez. Teruelo advierte de que el reparto podría basarse solo en «una tasa de éxito», si se tienen en cuenta principalmente cuestiones como los sexenios o los proyectos de investigación, y cree que el análisis debería ir más allá.
Por encima de todo ello, Villaverde defiende que el objetivo del nuevo modelo de gestión es que sea «más descentralizado y que acerque la gestión a aquellos órganos que la llevan a cabo».
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