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Era tan delicado el tema que el Consejo de Gobierno de la Universidad prefirió que la votación fuera secreta. Se quería evitar cualquier presión, a sabiendas de que hay «estado de alarma y de duda en parte de la comunidad universitaria» y una verdadera «controversia ... ética». Y de esa forma, y por 23 votos a favor y 18 en contra, se decidió la continuidad de la institución en el proyecto de investigación Tiche, ya que el Comité de Ética no ha encontrado «que sus objetivos contravengan los estatutos de la Universidad».
El proyecto Tiche comenzó el 1 de diciembre de 2023 pero fue en marzo de este año cuando todos los focos se pusieron sobre él. Se trata de una investigación para desarrollar una multiplataforma para detectar artefactos explosivos y minas terrestres ocultas en entornos complejos. Se trata de un proyecto de la Comisión Europea en el que participan una docena de empresas e instituciones y se dio la circunstancia de que durante el proceso de resolución de la convocatoria pública, una de las empresas, la griega Intracom Defense AE, fue adquirida por Israel Aerospace Industries, una empresa israelí con actividad en el sector armamentístico. Y eso es lo que hizo saltar las alarmas y llevó a la plataforma UniOvi por Palestina a pedir de forma insistente, con numerosas movilizaciones (con encierro en el Rectorado incluido) para exigir el fin de la participación de la Universidad de Oviedo en este proyecto.
Con estos antecedentes, el 22 de marzo el asunto pasó a manos del Comité de Ética, cuyo informe fue analizado ayer por el Consejo de Gobierno. El rector, Ignacio Villaverde, fue muy contundente. En primer lugar, para dejar claro que la Universidad «no tiene ninguna relación con Israel» y que el equipo de investigación asturiano trabaja para la Comisión Europea. En segundo lugar, para insistir en que «no es un proyecto militar ni con fines bélicos, sino con fines humanitarios» y, por último, para exponer las garantías que se van a imponer al proyecto.
«El Consejo de Gobierno ha respaldado la propuesta de no autorizar la transferencia de conocimiento y resultados del proyecto, sobre el que la Universidad de Oviedo tiene propiedad exclusiva, a la empresa Intracom Defense». Y aún hay más: «Pese a que, por la naturaleza de la tecnología desarrollada, no es posible emplearla para dañar a personas o bienes materiales o inmuebles, se considera adecuado adoptar las medidas oportunas para garantizar que su transferencia sea acorde con las manifestaciones y el posicionamiento de la Universidad de Oviedo respecto al conflicto palestino u otro posible conflicto bélico». Por eso, se insta al equipo asturiano a «garantizar, por los medios oportunos, que la transferencia de las investigaciones tenga como única finalidad preservar la integridad y la vida de las personas y de los bienes materiales, evitando cualquier posible destino bélico, incompatible con el espíritu y la letra de los Estatutos de la Universidad de Oviedo».
Era, sin duda, el punto más 'caliente' de este último Consejo de Gobierno del curso, especialmente largo (29 puntos en el orden del día). Un Consejo que trató otro asunto de gran importancia para la Universidad: su patrimonio. Lo expuso primero el rector, «tenemos la paradoja de edificios sobreexplotados y otros con muy poco servicio». Y abundó en ello el gerente de la institución, José Antonio Díaz Lago: «La Universidad tiene las oficinas administrativas centrales distribuidas en media docena de edificios lo que, además de ineficiente, es sumamente costoso». Villaverde ya había adelantado la intención de centralizar servicios en la antigua Escuela de Minas, en el inmueble de la calle Independencia, que será el edificio central de la estructura administrativa de la Universidad, y eso es lo que de alguna forma se pone en marcha ahora.
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Para ello, se procederá a la desafectación del conocido como Edificio Verde, de la calle Principado, que tiene problemas de mantenimiento y necesidad de reforma. Valorado en 4,4 millones de euros, la Junta General del Principado ya ha mostrado su interés por hacerse con él. Díaz Lago adelantó que podría haber una rebaja del precio de hasta un 15% y que, al tratarse de una Administración Pública, puede hacerse una venta directa.
También se pondrá a la venta (en este caso, mediante subasta), un piso de la calle Arzobispo Guisasola, tasado en 171.000 euros. Estas operaciones deben pasar por el Consejo Social, al igual que la venta al Ayuntamiento de Gijón de la parcela del campus que servirá de ampliación del Parque Científico y Tecnológico.
Por otro lado, el próximo curso todos los centros de la Universidad de Oviedo que ofrecen títulos de ingeniería podrán poner en marcha los Programas Académicos de Recorrido Sucesivos, los PARS, que permiten a los estudiantes comenzar un máster cuando aún les falte medio curso del grado, esto es, les permite cursarlos de forma simultánea. El vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, explicó que las condiciones de los PARS con menos exigentes que las que había hasta ahora en la matrícula condicionada en algunos másteres. Serán los propios centros los que dedican qué titulaciones proponer para estos itinerarios y el número de plazas que reservan.
El largo orden del día del Consejo de Gobierno incluía también la convocatoria de 127 plazas de profesorado (todas, menos dos, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2023). 38 de ellas son de promoción interna y el resto, de turno libre. 39 serán para catedráticos, 45 para profesores titulares y 43 para profesores permanentes laborales.
También se aprobó el nombramiento como profesora emérita de María Ángeles Gil Álvarez, del departamento de Estadística, única propuesta que había recibido esta vez el Consejo de Gobierno.
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