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Hace tiempo que la fecha del lunes estaba marcada en el calendario de la Universidad de Oviedo. La institución celebra mañana el Día Internacional de ... la Mujer y lo hace con la puesta en marcha del programa Vigías de la Igualdad, que viene a dar respuesta a una situación preocupante que se había detectado en la comunidad universitaria, especialmente entre el estudiantado.
La Unidad de Igualdad ha realizado un trabajo previo al plan director de acciones en materia de igualdad y diversidad para el estudiantado, documento que ahora está en periodo de información pública y que llega para «dar respuesta a la necesidad de abordar las carencias estructurales y los desafíos» identificados. «La elaboración de este plan responde a la urgencia de garantizar un entorno académico inclusivo, equitativo y respetuoso para todo el estudiantado, y tiene como objetivo la erradicación de cualquier forma de discriminación, violencia, acoso o exclusión». Porque, pese a los muchos avances, «persisten desigualdades que afectan el bienestar, la seguridad y la participación plena del estudiantado en la vida universitaria».
Y aunque todo estuviera organizado hace tiempo, lo cierto es que la presentación del programa llega unos días después de que EL COMERCIO desvelara que la Universidad investiga un posible caso de acoso sexual de un profesor de Trabajo Social a varias alumnas. Un caso que, por otro lado, pone de manifiesto la necesidad que existe de seguir luchando contra estas actitudes en todos los ámbitos.
Ese trabajo previo de la Unidad de Igualdad comprobó tres aspectos ante los que es necesario actuar. Para empezar, y «aunque se han producido avances hacia un mayor equilibrio en disciplinas tradicionalmente masculinizadas, aún existen áreas con una clara segmentación de género». La presencia femenina en áreas como la Informática y las Ingenierías aún está muy lejos de sere igualitaria. La segunda cuestión a corregir es la desigualdad en la participación en determinadas actividades de los campus. Por ejemplo, las infraestructuras deportivas: los estudiantes duplican a las estudiantes.
Pero el aspecto que más preocupó a la Unidad de Igualdad a la hora de hacer diagnóstico fue comprobar «el nivel alarmantemente bajo de conocimiento», por parte de los estudiantes, de los recursos disponibles en casos de discriminación, acoso o agresión sexual, a dónde o a quién acudir, además de «una falta de confianza en la capacidad de la universidad para gestionar eficazmente estas situaciones».
Por eso, el documento plantea toda una serie de objetivos y acciones que pasan por incremenar la información y visibilización de los intrumentos disponibles, mejorar los protocolos y seguimiento de los casos, medidas de apoyo a estudiantes embarazadas, crear redes de apoyo, organizar Jornadas de Concienciación sobre igualdad y diversidad abiertas a toda la comunidad universitaria e «implementar puntos de referencia en los campus universitarios como espacios de apoyo y orientación para estudiantes frente a situaciones de acoso y agresión», además del proyecto principal: Vigías de la igualdad, que hoy se presenta oficialmente y que se ha llevado a cabo en colaboración con la Cátedra de Feminismo y el Consejo de Estudiantes.
Su objetivo es, precisamente, que quienes tengan que solventar cualquier conflicto o duda en esta materia tengan una figura a la que recurrir para conocer los mecanismos de tutela de los que dispone la institución académica asturiana.
La propia responsable de la Unidad de Igualdad, Paz Menéndez, admitía en declaraciones realizadas a EL COMERCIO antes de que saltara a la luz el caso de Trabajo Social, que «lo más importante es que las víctimas sepan dónde acudir». Porque, en muchas ocasiones, cuando la Unidada de Igualdad tiene conocimiento de las situaciones, «llegan tarde y mal». No obstante, cabe especificar que este último caso de posible acoso en el seno de la Unviersidad está siguiendo otro camino, que es el de la Comisión de Convivencia de la institución.
España aprobó en 2023 la Ley de convivencia universitaria que venía a sustituir una normativa que databa nada menos que de 1954. Es decir, el reglamento que hasta hace dos años regulaba las normas de comportamiento y sanciones en facultades y escuelas de todo el país era aún franquista. La ley, además de dar carpetazo a cuestiones que nada tenían que ver con la realidad universitaria actual, llegó también con la intención de trabajar mucho más en la prevención y en la mediación. La promoción de la igualdad juega un papel importante. Pero también recoge el listado de acciones consideradas faltas, que pueden ser muy graves, graves o leves. Y entre las muy graves está «acosar sexualmente o por razón de sexo». Para esas faltas, la norma contempla la posibilidad de «expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta».
Pero la situación es más compleja que eso. Porque «si se considerase que el hecho podría ser constitutivo de delito, el procedimiento disciplinario se suspenderá para ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal». Y, además de eso, hay que analizar si los hechos han podido prescribir. Según recoge la ley, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, por graves y leves, prescribirán, respectivamente, a los tres, dos años y un año. «El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse a partir de su comisión, o del día en que cesa su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El plazo de prescripción de las sanciones se iniciará desde la firmeza de la resolución sancionadora», señala la ley, que después la Universidad desarrolló con su Reglmento de Convivencia.
Por el momento, en el caso de Trabajo Social no consta denuncia en sede policial ni judicial y se desconoce cuántas alumnas afectadas podría haber. Sí ha trascendido que los testimonios anónimos que fueron publicados en noviembre en las redes sociales corresponderían a situaciones de hace varios cursos.
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