El escenario ha cambiado. Durante lustros el rescate de la autopista del Huerna (AP-66 Campomanes-León) fue una promesa política sin más sustento que agradar a los votantes. El 24 de abril la Comisión Europea estimó una denuncia cursada por un exdiputado de ... Podemos, Daniel Ripa, y determinó que a su juicio el contrato de concesión a favor de la empresa Aucalsa se amplió vulnerando la normativa europea. Bruselas da plazo al Gobierno de España para que presente nuevos argumentos que defiendan la legalidad de la operación o plantee cómo va a regularizar la situación. Se ha abierto una fisura jurídica y eso ha desatado la movilización.
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Primero lo hizo el parlamento gallego, de forma unánime. El expediente de infracción reconoce la misma vulneración de la normativa comunitaria en la prórroga de la AP-9; el BNG planteó en consecuencia una moción instando a la Xunta a «requerir» al Ministerio de Transportes que inicie los trámites para revertir el peaje. También se mandataba al propio Gobierno gallego a «ser parte activa» en el proceso y estudiar «vías jurídicas» para impulsarlo.
Una iniciativa similar contó con la unanimidad de las Cortes de Castilla y León. En Asturias fue el diputado de Foro, Adrián Pumares, el encargado de plantear el debate. Para ello reprodujo el texto al que socialistas y populares habían dado su visto bueno en Galicia, en la idea de que así sería más difícil oponerle resistencia.
Dicho y hecho. Ayer, por unanimidad, la Junta General aprobó un texto que insta al Principado a requerir al ministro Óscar Puente que inicie la reversión del peaje. La iniciativa reclama al Gobierno regional el estudio de acciones jurídicas y «ser parte activa» en el proceso. Pumares pidió superar el debate histórico para aprovechar la oportunidad que brinda Bruselas.
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«El procedimiento puede ser largo y complejo e invito a no generar expectativas de inmediatez», instó Ángel Morales, por parte socialista. El diputado recordó que el informe de la Comisión Europea «demuestra que los argumentos del PP y del señor Álvarez-Cascos para defender la prórroga no son válidos, que se aumentaron los beneficios de forma estratosférica, que cuando en el año 2000 aprobaron la ampliación Aucalsa era una empresa pública, pero ya se sabía que iba a ser privatizada». Morales requirió al PP que pidiera perdón a los asturianos, «se queda uno más desahogado cuando lo hace».
Después de que el PP gallego y el castellano leonés apoyen ahora el rescate, y después de que la propia secretaria general, Cuca Gamarra, instara al ministro Puente, en una entrevista en EL COMERCIO, a «dejar de tuitear y ponerse a trabajar, toca rescatar el Huerna», poca sorpresa había en la posición que iba a adoptar el PP asturiano. Pedro de Rueda apoyó la iniciativa, pero mostró sus dudas sobre su utilidad: «Hace menos de un mes el ministro dijo que quitaría un peaje entre Elche y Alicante, y cuando le preguntaron por esto, dijo que no se emocionen otros territorios».
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Javier Jové, de Vox, sostuvo que en Asturias «tenemos un presidente gallu, que se pone campanudo defendiendo los intereses de Asturias, pero el Bildu gallego, el BNG, logra más bonificaciones en la AP-9». El diputado estimó que la operación de rescate puede suponer «que se acabe pagando mil millones de indemnización a la concesionaria».
Desde IU-Convocatoria, Delia Campomanes recordó que fue Gaspar Llamazares quien, en 1999, denunció públicamente la operación de prórroga del peaje. Por su parte la diputada Covadonga Tomé agradeció a los intervinientes que reconocieran el papel que jugó Daniel Ripa como denunciante ante la UE.
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