Los últimos guetos de Asturias

«Si te digo la verdad, no tengo ganas de coger un piso, estoy muy bien aquí. Si me dicen de marchar, marcho, más que nada por mis críos». Estas palabras son de Eva Jiménez, una joven de 23 años que realiza un curso por medio de los Servicios Sociales mientras cobra el salario social. «Aquí» es La Paxarada, un asentamiento ubicado al borde de la ronda que circunvala Luanco, colgado de una empinada cuesta en la que hay cinco chabolas habitadas sobre un pavimento hormigonado muy irregular, donde las gallinas y los perros campan a sus anchas, donde el agua corre rauda cuando la lluvia aprieta, donde hay restos de chatarra en diferentes rincones. Sus «críos» son Gorka y Neymar, de seis y dos años, que juegan en un rincón mientras Eva explica su postura. «Tampoco está tan mal. Lo que me gusta es la libertad, que los críos puedan ver la luz. Si tengo que marchar, me buscaré una casa con patio», sostiene mientras espera la adjudicación de una vivienda social, sabedora de que La Paxarada es un poblado a extinguir.

El caso de Eva Jiménez es solo uno dentro de la variada casuística que se da en la región, donde todavía quedan 37 chabolas, 82 viviendas ubicadas en barrios gueto y 50 infraviviendas, según datos de la Fundación Secretariado Gitano. El Principado, que discrepa con los números de la última categoría, reclama que la definición de infravivienda venga de un arquitecto o aparejador y no de un trabajador social. No obstante, la estimación es que cerca de 900 personas, todas de etnia gitana, viven en este tipo de hogares.

Las cifras poco tienen que ver con lo que se vivió en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando se pusieron en marcha los primeros planes para la erradicación del chabolismo. Eran los tiempos en los que comenzaron a crearse barrios gueto para acabar con las chabolas, zonas de titularidad regional donde alojar temporalmente a sus moradores en espera de encontrar una solución definitiva que condujera a su integración social. El trabajo desarrollado llevó a borrar muchos de los puntos negros del mapa. El caso paradigmático es el de Avilés, que en 2007 derribó la Ciudad Promocional de Valliniello, poniendo fin a un proceso que se inició años atrás. «En los 80 partíamos de un modelo de segregación, se erradicaba el chabolismo con barrios de transición que luego se convirtieron en permanentes. Estaban apartados, sin servicios, cerca de vías de tren o autopistas. No se permitía una inclusión social óptima», explica Víctor García Ordás, director en Asturias de la Fundación Secretariado Gitano.

Los criterios

Ahora, con unas cifras mucho menores, el proceso ha cambiado. El Gobierno regional, titular de los barrios gueto, ofreció al inicio de la legislatura viviendas sociales a todos aquellos ayuntamientos que justificasen su demanda, estableciendo una serie de prioridades. «Dedicamos el doble de dinero que en etapas anteriores a la reparación de viviendas para alojar a nuevas familas. Establecimos una serie de colectivos prioritarios: las personas sin techo, los habitantes de infraviviendas y chabolas, los jóvenes extutelados por el Principado, los exreclusos y las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y prostitución», explica Fermín Bravo, director general de Vivienda, quien aclara que los propios ayuntamientos podían establecer sus criterios, «ya que la realidad no es la misma en Gozón que en Los Oscos». Con lo que también acabaron fue con los sorteos. La política actual del Principado pasa por la adjudicación directa. «Creemos que debe ser una búsqueda de las personas que tienen una necesidad y realizamos todas las adjudicaciones a propuesta de los ayuntamientos», explica Fermín Bravo.

La condición para el realojo era también que fueran los ayuntamientos quienes liderasen el proceso. «Nosotros somos proveedores de vivienda. Se la ofrecimos a los ayuntamientos, que son los que deben tener conciencia de la problemática y aportar el acompañamiento social».

El proceso no ha resultado sencillo. A las reticencias de algunos moradores se sumaron las de ciertos «cargos políticos» que veían en el realojo en viviendas normalizadas un peligro o la potencial creación de una alarma social. No le ocurrió nada de esto a Pilar Jiménez, que hace dos años abandonó su chabola en La Paxarada para irse con su familia a una vivienda social. «Me crié aquí, pero ya llevo seis años en un piso. Me costó dejarlo, porque estaba con mi gente, pero me acostumbré muy pronto», explica esta joven, que ahora anima a su cuñada, Eva Jiménez, a dar el paso. «Sobre todo por mis sobrinos».

Quien no tiene previsto moverse de La Paxarada es Socorro Jiménez quien, después de 40 años viviendo en su chabola, no se ve en un piso. «Los servicios sociales nos lo daban, pero con mi marido enfermo es como meterlo en una jaula. Ahora ya, ¿dónde voy a ir?», explica.

La Junquera

La casuística en el Principado es variada. En San Esteban de Pravia está el barrio de La Junquera, donde las seis familias que lo habitan (llegó a haber doce) esperan por la adjudicación de una vivienda social en Muros de Nalón y poder abandonar así unos módulos creados a principios de este siglo con la idea de que fuera una opción temporal. «El ayuntamiento de San Esteban está por la labor de acabar con La Junquera y Oviedo también con Piedramuelle, después de haber conseguido cerrar El Cascayu. En Gozón también hay un plan», señala Fermín Bravo.

Donde todavía hay tres importantes barrios gueto es en Langreo, Cudillero y Siero, los tres núcleos más importantes de Asturias. «Los resultados de esta legislatura, en general, son positivos. Tenemos tres reuniones al año con todos los ayuntamientos para explicar qué queremos hacer. Podíamos haber cambiado la situación por decreto, pero creemos que la forma de hacerlo es convencer. Todos debemos explicar por qué se eligen unos criterios y no otros», sostiene Fermín Bravo.

Cuando las viviendas son adjudicadas, los alojamientos que antes ocupaban las familias beneficiarias se tapian o derriban para evitar que vuelvan a ser ocupados. «Ya estamos próximos a erradicar el chabolismo. La Policía Local siempre está pendiente de que no se construyan de nuevo», explica Bravo.

Renta media

En las nuevas viviendas, los adjudicatarios pasan a compartir el mismo régimen de pagos, obligaciones y derechos que el resto de colectivos que acceden a estos inmuebles. «Nadie paga más del 20% de sus ingresos por la renta y del 30% incluyendo los gastos de comunidad. La renta media en las 9.700 viviendas del Principado es de 82 euros», explica Fermín Bravo, quien rechaza que las familias gitanas provoquen más problemas de convivencia que cualquier otro colectivo beneficiario de estas ayudas. «Es un mito. En las más de 1.800 viviendas adjudicadas esta legislatura ha habido conflictos y no de este colectivo. Las cifras de conflictivos son iguales que las de otros grupos. Hay una estigmatización sobre la población gitana», sostiene el director general de Vivienda.

Víctor García Ordás comparte esta opinión. «A veces, hay un repunte del racismo cuando hay un problema con un gitano. En La Corredoria y La Luz hubo un problema con una familia, pero se generalizó a toda la comunidad». Desde la Fundación Secretariado Gitano reclaman que los planes de erradicación del chabolismo se aborden «de forma integral», sumando a los diferentes agentes sociales y haciendo un «acompañamiento» a los adjudicatarios de las viviendas sociales. Desde esta entidad ya realizan acciones para ayudar a las familias a adaptarse a su nuevo entorno, enseñándoles qué es un contrato de alquiler, cuáles son sus deberes o cómo mantener una vivienda. «A veces, las familias tienen miedo a ser rechazadas, a un entorno desconocido y a las exigencias de sus nuevas viviendas. Pero la gente quiere cambiar para mejor», explica Víctor García Ordás.

Intermediación comunitaria

Aunque el trabajo con este colectivo se lleva desde Servicios Sociales, la dirección general de Vivienda cuenta con recursos para reforzar la adaptación de estas y otras personas. Dos inspectores de vivienda y un trabajador social de Vipasa, la empresa pública que gestiona el parque de inmuebles del Principado, hacen de enlace con los Servicios Sociales municipales. Además, tienen contratado un programa de intermediación comunitaria en 800 viviendas, identificadas como potencialmente conflictivas. «Es importante darse cuenta de que el trabajo no acaba con el ladrillo y la entrega de llaves», sostiene Fermín Bravo.

Otro de los retos que hay que superar es el acceso de la población gitana al mercado de vivienda libre, que, según sostiene Víctor García Ordás, aún pone barreras. «Hay agencias inmobiliarias en las que todavía hay recelos. Cuando ven el apellido, ya genera rechazo. Dicen que es por encargo de la propiedad: ni gitanos ni inmigrantes».