El fiscal pide diez años de prisión para Justo Rodríguez Braga por «fraude» en los cursos de formación de UGT

El fiscal Gabriel Bernal del Castillo ve probado en «fraude» en la gestión de los fondos públicos destinados a los cursos de formación de UGT durante la etapa en la que Justo Rodríguez Braga estaba al frente del sindicato en Asturias. Por ello, en su escrito de acusación remitido ayer, el Ministerio Público pide para el ex secretario general de la Unión General de Trabajadores diez años de prisión y multas que, en total, suman 2.352.886 euros. El fiscal imputa los mismos delitos y, por ello, pide las mismas penas para otros dos excargos del sindicato: Mónica Menéndez, secretaria de Administración de UGT Asturias entre 2002 y 2013; Manuel Díaz Cancio, responsable de Formación de este sindicato desde 2009 y 2013.

El fiscal da por buenos los argumentos empleados por la titular del juzgado número 4 de Oviedo que instruyó la causa abierta contra los exdirigentes del sindicato y dos técnicos por un presunto fraude en el uso de las ayudas públicas destinadas a impartir los cursos de formación en la etapa en la que Justo Rodríguez Braga era secretario general de esta organización. Bernal del Castillo considera probado que UGT «desvió fondos» al sindicato en «connivencia» con la delegación territorial de IFES y la administradora de dos entidades vinculadas a la Unión General de Trabajadores. Prosigue el fiscal en su escrito de acusación que una parte «importante» de estos fondos «se destinaron al sostenimiento de los gastos estructurales del sindicato», en concreto a sufragar los costes de su personal laboral, y a «cubrir las pérdidas generadas» en la promoción inmobiliaria llevada a cabo por Colectivas y Unifamiliares Langreo, cooperativa impulsada para acometer una promoción inmobiliaria en este concejo.

La operación inmobiliaria se acometió dejando en sus cuentas una deuda de 1.200.000 euros. El fiscal considera que los responsables de UGT Asturias encausados decidieron minimizar las pérdidas capitalizando, mediante «fondos desviados», a una sociedad encargada de proveer mediante alquiler a la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) del material informático y demás equipamiento preciso para la impartición de los cursos de formación en los locales públicos que se habían cedido «gratuitamente» para su uso por UGT.

De esta forma, el fiscal entiende que Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio cometieron cinco delitos de por «fraude» en subvenciones, por los que les pide dos años de prisión por cada de uno de ellos, así como el pago de multas, incluidas las cantidades por concepto de responsabilidad civil, en total suman más de 2.350.000 euros.

El fiscal también pide dos años de prisión por «fraude» para María Jesús Ocaña, administradora única de dos entidades vinculadas a esta organización sindical, y 10 meses de prisión por cada uno de los cinco delitos que le imputa en concepto de cooperadora necesaria. Esta última petición se hace extensiva, también, a otros dos técnicos del sindicato.