«En la UCI social de la infancia tienes que tener profesionales titulados»

Salen ellos en defensa del proceso de funcionarización de los 320 puestos de educación social que dependen del Principado y que el Gobierno ha puesto en marcha en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, de 2021, y de la Ley de Empleo Público del Principado de Asturias, que fue aprobada «por unanimidad de los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado» en 2023, y que establece la obligatoriedad de que los puestos públicos relacionados con las intervenciones psicosociales, las que ejercen los educadores sociales, sean a partir de ahora cubiertos exclusivamente por profesionales que cuenten con el grado universitario de Educación Social, «de la misma forma que una enfermera tiene que tener titulación o que un médico debe ser un universitario. Más aún, nadie aceptaría que un médico traumatólogo le tratase de una afección respiratoria o cardiaca», explicaron Yáñez y González, en referencia al conflicto que el anuncio por parte del Principado del proceso de funcionarización ha generado, al salir los comités de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y de la de Hacienda en contra.

Flor González acotó el problema: «hay una norma estatal y una norma de la Unión Europea sobre cómo debe ser la intervención socioeducativa. En Alemania, Francia o Italia, y también en todas las comunidades autónomas de España, la intervención socioeducativa la efectúan titulados universitarios de Educación Social», y lo hacen «porque se trata de cuestiones muy serias, por ejemplo, cuando de un informe nuestro depende que se le retire o no una tutela o una patria potestad a unos padres o muchas otras decisiones sobre personas en situaciones de alta vulnerabilidad». Y, precisan, «el de Asturias y el de Cantabria han sido los dos últimos colegios en crearse».

La regularización que pondrá en marcha el Principado «tampoco es inmediata, sino que se va a ir desarrollando paulatinamente durante los próximos años, y nada impide a quienes actualmente ocupan plazas de educador social sin tener la titulación –trabajadores sociales, psicólogos y hasta historiadores– emprender la formación como educadores sociales», sin olvidar que «en los próximos meses se estabilizarán 50 puestos, sin examen ni titulación», de personal interino. E insistieron en que «nadie se puede sorprender. Hace quince años que se venía avisando de que esto iba a pasar».

Por otro lado, se da la circunstancia de que «nosotros no podíamos dirigir los centros en los que se hace intervención psicosocial, paradógicamente, al no ser funcionarios».