El TSJA avala por primera vez la incineradora de residuos tras siete años de pugna judicial

El partido socialista ganó los comicios autonómicos de 2015 con un programa electoral que proponía construir una incineradora de basura. El Gobierno de Javier Fernández aprobó en 2016 un plan estratégico de residuos (Perpa) 2014-2024 que establecía su capacidad máxima en las 310.000 toneladas de desperdicios anuales. La novedad ahora es que, por primera vez tras siete años de pleitos, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de avalar la legalidad de esa opción, dándole su beneplácito. La instalación carece por tanto de impedimentos jurídicos, y levantarla o no depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo socialista.

La situación la ha provocado una sentencia del 5 de junio pasado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que desestimó el recurso planteado por el Conceyu contra la incineración, que aspiraba a tumbar el Plan de residuos en vigor desde el año pasado. Los magistrados replican que, esta vez sí, el documento respeta tanto la legislación ambiental como las sentencias condenatorias anteriormente dictadas en la materia.

En su recurso, los críticos con el horno subrayaban que la planificación oficial mantiene la construcción de una incineradora capaz de generar electricidad con la combustión de 310.000 toneladas anuales. El plan indica que el consorcio Cogersa será el encargado de levantar la planta, cuyo coste estima en 202 millones. El Conceyu recriminaba en sus informes periciales que quemar semejantes volúmenes de desperdicio «sin haber recibido ningún tipo de tratamiento previo, choca frontalmente con las prescripciones de la ley sobre la jerarquía de residuos y el orden de prioridad en la gestión» de los mismos.

El TSJA niega esa tesis. Reconoce que la ley estatal marca en efecto un orden de prioridad sobre lo que hay que hacer con los desperdicios. Según el mismo, lo mejor es prevenir su producción, luego preparar para su reutilización, en tercer lugar se admite el reciclado, lo que no se pueda aprovechar de esa manera podrá ser incinerado, y en último caso se considera la eliminación en vertedero.

La sentencia indica que ese es el orden de prioridad pero recuerda cómo a renglón seguido la propia ley admite «la posibilidad de apartarse del mismo si fuera necesario para conseguir un mejor resultado medioambiental, teniendo en cuenta además, los principios generales de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y económica».

El TSJA establece que lo verdaderamente perentorio es cumplir con los objetivos que la ley estatal marca para el año 2020. Esas metas, que fueron definidas por la UE, pasan por lograr que el 50% del residuo doméstico se arroje de forma separada para su reciclado, y que el 70% de los desperdicios de obra sean reutilizados. «El Plan de residuos se lleva a cabo con el objetivo de alcanzar las previsiones calculadas para el año 2020», indica la sentencia, que considera «susceptible de denuncia» no alcanzar esas proporciones. El recurso lo puede hacer «tanto por el Gobierno de la nación como por quien ostente un interés legítimo, pero sin alcanzar a la impugnación de las medidas establecidas en el plan para lograr los objetivos previstos, dado que obedece a la propia administración fijarlos en uno u otro sentido dentro del plan para ello establecido».

El horno es legal si sirve para cumplir los objetivos de 2020, y la tramitación del plan de residuos fue correcta, según una resolución que condena en costas a los críticos. El Conceyu entiende «lamentable esta interpretación, acatable por nuestra limitación de recursos, que no por otros motivos». Aunque IU ha dado por roto su pacto de investidura con el Ejecutivo de Javier Fernández, anunciando que se pasaba a la oposición, los ecologistas confían en que el Principado cumpla el compromiso que selló con la coalición en lo tocante a aprobar un nuevo plan de residuos que descarte de incineradora.

«La sentencia llega cuando el Principado ha dicho que cambiará de estrategia, y que no enfocará ese nuevo plan, cuya elaboración ha dado comienzo, basado en la incineración, con lo que los efectos prácticos de la sentencia ya no tienen la importancia que tendrían en otro escenario», señalan desde el Conceyu.

En efecto, el plan ahora en vigor y que avala el TSJA, pretendía iniciar las obras del horno en 2015. El Principado está haciendo oídos sordos a ese aspecto de su propia planificación, para cumplir con otro aspecto del documento, que preveía iniciar los trámites para elaborar una nueva versión del documento. En su maduración anda desde hace un año, mientras el margen para cumplir las metas de 2020 sigue reduciéndose.