El TSJA anula parte del protocolo que los centros de mayores aplicaron en pandemia

Ahora, el TSJA les da la razón, y se la da principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque considera que no exstían disposiciones legales que facultaran a la Administración «a inponer las específicas medidas ni menos aún a establecer diferencias entre personas vacunadas y no vacunadas». «No cabe denominar como protocolo de actuación a un documento que va más allá de las meras recomendaciones o declaraciones de intención y que no se refiere únicamente a las personas sujetas a vínculo administrativo o laboral con la Administración, sino también a los usuarios de los servicios».

El fallo del TSJA considera que dicho protoloco no podía apoyarse en ninguna ley porque «no existe ninguna previsión legal que imponga aislamientos o diferenciación entre usuarios de centros lo que significa que, de ser imprescindible la adopción de tales medidas, habría que haberse dictado la resolución oportuna por el órgano competente y recabar, previa a su implantación, la autorización judicial».

Pero es que, además, «el protocolo no solamente excede en su contenido de las meras recomendaciones o pautas de actuación a terceros, sino que impone medidas limitativas de derechos fundamentales, como son los aislamientos, excenciones a los mismos por vacunación, información sobre la misma y cribados». El tribunal niega que la consejería pudiera limitar los derechos de los no vacunados. El Principado puede recurrir ante el Supremo.