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Sentencias que no llegan a los implicados, peticiones de pruebas de las que no sabe nada el juez competente, juicios que corren el riesgo de quedar suspendidos en los próximos días, policías que no pueden remitir por ordenador los últimos avances de su investigación… Este ... es el panorama que vienen sufriendo desde el viernes los magistrados, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores, acusados y acusaciones que participan de la Justicia asturiana. El origen del caos está en el sistema informático que las partes utilizan para comunicarse, denominado LexNet. Su gestión es competencia del Ministerio de Justicia y, tal y como había prevenido, el jueves pasado entre las ocho y las diez de la noche cargó una actualización de la aplicación que está resultando incompatible con los ordenadores de los juzgados asturianos, cuya titularidad corresponde al Principado. «La comunicación está cortada», confirma la decana de los procuradores de Gijón, Ana Belderrain.
La aplicación permite a los procuradores subir al sistema los escritos de sus clientes, pero toda la documentación queda atascada en los decanatos, sin llegar a su destinatario final: los juzgados. A su vez, los funcionarios de los juzgados no están pudiendo comunicar las resoluciones que desde el viernes vienen dictando los responsables de cada tribunal. Sentencias condenatorias, absoluciones, informes exculpatorios o recursos a los que le vencía el plazo estos días están cayendo así en un limbo. Solo en Oviedo hay 1.200 escritos enviados por los procuradores y abogados pero que los juzgados son incapaces de abrir, según fuentes judiciales.
«Es inadmisible que el Principado haya dejado pasar el tiempo sin actualizar los programas informáticos para que las actualizaciones de Lexnet sean viables», ha indicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau. Mañana previsiblemente analizará la situación creada con el resto de los responsables de la Sala de Gobierno. Los magistrados señalan que ésta era una situación previsible, y que el origen del problema está en lo vetusto de los ordenadores con que se trabaja en el Principado. Desde el TSJA explican que los equipos actuales funcionan con Windows XP como sistema operativo, a pesar que «desde hace tiempo» los técnicos del ministerio advertían que esa infraestructura no soportaría las siguientes actualizaciones de LexNet.
Pero mientras el TSJA achaca la culpa al Principado, éste la deriva al propio Ministerio de Justicia. Y es, según ha asegurado a través de un comunicado el Ejecutivo asturiano, «el Gobierno central no informó previamente sobre la necesidad de contar con requisitos técnicos adicionales en los equipos». Por este motivo se ha enviado una carta a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías donde se reclama «celeridad» al tiempo que se «lamenta la falta de corresponsabilidad en la implantación de la justicia digital».
«Es un problema gravísimo, al que no se tenía que haber llegado», indican desde el alto tribunal asturiano. Hay atestados urgentes que la policía y la guardia civil acostumbraban a comunicar con el sistema informático, y que ahora remiten a la fiscalía, aprovechando que ésta utiliza otra aplicación, para que sea a su vez el fiscal del turno el que lo entregue por fax al juzgado competente.
«Los técnicos del ministerio nos han dicho que es un problema del Principado», ratifica Laura Mijares, decana de los procuradores de Oviedo. «Parece que la versión del programa Java instalada no es compatible con la actualización de LexNet», indica. La profesional lleva desde el viernes poniéndose en contacto con todas las administraciones afectadas, y su conclusión no es buena: «Tengo miedo de que no sepan como arreglarlo; el Principado nos está explicando que intentan desarrollar un 'parche' y mediante control remoto utilizarlo en cada equipo, pero hay muchísimo nervisismo». El consejo que se está dando a los procuradores es que conserven los justificantes de haber enviado esas comunicaciones que no están llegando a los juzgados, para luego defender que ellos cumplieron y sí mandaron en plazo.
«Estamos paralizados, si la cosa se alarga vamos a empezar a tener problemas de suspensiones de juicios», comenta Belderrain. Aunque LexNet es un programa nacional, la incidencia informática parece centrarse en el Principado, salvándose algunos ordenadores concretos. Fuentes judiciales señalan por ejemplo que Mieres estaría salvándose al haber sido uno de los juzgados donde se instaló de forma piloto el expediente digital. También algunos ordenadores contados de Villaviciosa y otras localidades pueden remitir comunicaciones dado que son equipos del Registro que todavía dependen del ministerio.
Los órganos judiciales que acumulaban carga de trabajo atrasada están aprovechando la situación para no recibir nuevas peticiones y despachar las gestiones atrasadas. Los que iban al día están por su parte quedándose sin trabajo, al no poder recepcionar escrito alguno. «El problema luego es que cuando vuelva a funcionar LexNet nos van a mandar de golpe todo lo que han ido resolviendo y nos desbordarán», lamenta uno de los procuradores de Oviedo.
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