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Novedades sobre el pedido de 31 trenes nuevos de ancho métrico (el asociado a Feve), de los que 21 están asignados a Cantabria y 10 a Asturias. El contrato fue licitado en 2019 por Renfe, sólo contó con dos aspirantes y en junio ... de 2020 se adjudicó el diseño y producción de los trenes al fabricante vasco CAF. En fase de prediseño sin embargo, en febrero de 2021, ambas partes comprobaron que seguir al pie de la letra las especificaciones del contrato obligaba a montar un tren demasiado grande, incompatible con los túneles existentes en la red de ancho métrico. En enero de 2023 EL COMERCIO destapó que el expediente seguía paralizado, detallando un escándalo que se dio en conocer como el 'fiasco ferroviario'.
El actual equipo al frente del Ministerio de Transportes trató de pasar página del asunto haciendo pública la auditoría interna realizada por sus inspectores para determinar las responsabilidades en el caso. También terminando de resolver el conflicto y acordando con CAF dar inicio a la fabricación de las unidades. La foto que marcó ese cambio de ciclo se tomó el 26 de febrero; en la factoría de Beasáin y ante la mirada de los presidentes de Cantabria y el Principado, María José Sáenz de Buruaga y Adrián Barbón, se procedió al acto de corte de la primera chapa con la que se debería trabajar la carrocería de la primera unidad. El compromiso era que el fabricante fuera entregando las unidades desde el primer semestre de 2026.
Quedaban, sin embargo, flecos por resolver. Según acaba de publicar Renfe en su perfil del contratante, el pasado 31 de octubre adjudicatario y empresa pública llegaron a un acuerdo para modificar el contrato que los une. El pedido por el diseño y la fabricación de las 31 unidades así como su mantenimiento durante los quince primeros años se había cerrado inicialmente en 196,3 millones (IVA incluido), una rebaja del 28,2% sobre el precio de licitación. Ahora las partes formalizan un modificado que eleva el coste del pedido en 23,4 millones más. Es decir, el contrato se encarece un 12%, hasta quedar en los 219,7 millones.
El anuncio publicado por Renfe se limita a dar como justificación la genérica en estos casos, es decir, que el contrato se modifica en virtud de un precepto que lo permite cuando hay una necesidad «derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever». Desde la compañía ampliaron a este periódico que hay dos razones de peso tras este nuevo presupuesto.
De un lado está la actualización de precios que el Gobierno central está aplicando a contratos en curso para reconocer el encarecimiento de determinados costes de producción. El concurso se convocó en 2019, es decir, antes de la pandemia y la guerra de Ucrania. En este tiempo la inflación acumulada pasa del 18% y es más acusada en determinados componentes.
Además y en este caso se han acordado una serie de mejoras sobre el pedido original, para recibir trenes con un acabado en tapicería más cómodo y «más espacio por asiento», además de una mejor conectividad a bordo. Según la empresa pública, estos ajustes no afectarían a los plazos de entrega, fijados en tandas graduales entre 2026 y 2027.
Habitualmente un acuerdo económico entre las partes suele facilitar que los trabajos se agilicen. Queda por ver si además allana el camino para que el Ministerio de Transportes termine de formalizar otros compromisos que tiene pendientes con Asturias y que asumió tras el fiasco ferroviario.
De un lado está ampliar el pedido en siete unidades más, opción prevista en el contrato y que el secretario de Estado, José Antonio Santano, dio por activada en una entrevista con EL COMERCIO el pasado julio. Esos trenes serían todos para el núcleo de Asturias.
Lo que rebajó a «posibilidad» es la promesa de licitar otro contrato por 17 unidades más, una aportación con la cual se daría por renovado todo el ancho métrico de la comunidad autónoma. Esa opción la vinculó el 'número 2' del ministerio a «la demanda. Renfe lo estudia y en función de cómo evoluciona puede ser ese número o algo menor», argumentó. El parque asturiano de ancho métrico lo componen trenes que en un 67% de los casos han superado su vida útil o lo harán este año.
Quedan pocos días para poder verificar el nivel de compromiso del Ministerio de Transportes con Asturias. Tras el 'fiasco ferroviario' la entonces ministra, Raquel Sánchez, firmó con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con su entonces homólogo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, los denominados 'Acuerdos de la Castellana', una serie de compensaciones a ambos territorios por el retraso en la renovación de su flota de trenes de cercanías y servicios regionales.
Hay aspectos que se han cumplido, como es nombrar un comisionado para el Plan de Cercanías y actualizar este programa de inversión, además de publicar la auditoría del 'fiasco ferroviario'. Sigue pendiente la licitación de nuevos encargos para terminar de renovar la flota de Asturias, así como la «completa reordenación de la malla horaria», asunto que se viene prometiendo de forma cíclica.
Sin embargo el compromiso más llamativo fue asegurar que Asturias y Cantabria mantendrían el actual sistema de abonos gratuitos para las cercanías «hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el contrato» con CAF, expectativa que se sitúa entre 2026 y 2027.
En cuestión de días se podrá comprobar si eso se respeta. Quedan dos semanas para que acabe el año y el Gobierno central no ha aclarado qué hará con los abonos gratuitos de cercanías. Desde el Ministerio de Transportes se volvió a promover este año por segunda vez un debate sobre la cuestión, manifestando su titular, Óscar Puente, que es contrario a una gratuidad generalizada. Su equipo considera que tiene más sentido concentrar las ayudas en determinados colectivos, entre los que se mencionan a estudiantes y viajeros de menor renta.
La posición del ministro encuentra aire en el Ministerio de Hacienda, donde se recuerda que la gratuidad fue una respuesta activada por la crisis de precios tras la Guerra de Ucrania. Sin embargo todo ha quedado en las últimas semanas en el aire, pendiente de las negociaciones que mantiene un Ejecutivo en minoría con sus socios parlamentarios. Se da por hecho que la semana que viene el Gobierno central desvelará qué decisión toma al respecto, y si respeta el compromiso fijado en los 'Acuerdos de la Castellana'.
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