Treinta autobuses nocturnos llevarán cámaras para luchar contra el acoso

'Búhos' -autobuses nocturnos- vigilantes ante la violencia sexual. Es una de las acciones más destacadas del 'Protocolo contra la violencia sexual' que presentó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y que propone la instalación de cámaras en treinta de los autobuses interurbanos que cubren líneas como Oviedo-Gijón, Gijón-Avilés y Candás-Luanco. Forma parte de una triple actuación en colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias con la que se pretende «convertir los autobuses nocturnos en espacios libres de agresiones».

Las cámaras de vigilancia se complementarán con una campaña de sensibilización a los pasajeros tanto en estaciones como mediante la rotulación de vehículos, así como con formación a los profesionales «para que sepan actuar ante estas situaciones y para asegurar que la víctima, en cualquier caso, tenga el mejor tratamiento». El coste total de la iniciativa ascenderá a 400.000 euros. Y más allá, aseguró el consejero, «contemplamos llegar a otro tipo de actuaciones, como las paradas antiacoso en colaboración con los distintos consistorios». Para abordar ésta y otras cuestiones relativas al protocolo contra la violencia sexual, el Principado mantendrá una reunión con la Federación Asturiana de Consejos.

Pero los buses libres de agresiones representan solo una parte de un protocolo que establece 22 medidas para «abordar la violencia sexual desde una perspectiva amplia e integradora, interviniendo sobre todas aquellas situaciones de vulneración de los derechos a la libertad y dignidad sexual de las mujeres». El documento, elaborado con la colaboración de varias ONGs, la Universidad de Oviedo, la Fiscalía y el Observatorio contra la Violencia de Género del Principado, se estructura en tres ámbitos. En primer lugar «define los diferentes tipos de violencia sexual y todas aquellas actitudes y comportamientos que cosifican a las mujeres y las convierten en objetos sexuales». En este marco, el estudio incide especialmente en el concepto de 'consentimiento', al que se destina todo un epígrafe en el que se destaca que «consentimiento y sumisión no son lo mismo. El que alguien se haya rendido a una violencia sexual o no luche durante la agresión no significa que haya dado su consentimiento, y el silencio tampoco lo es».

La segunda parte del documento se destina a «establecer pautas para los profesionales sobre cómo abordar situaciones de violencia sexual con un enfoque centrado en la víctima». Así, se analizan de manera diferenciada los abusos y agresiones a menores de edad, adolescentes, mujeres adultas o mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad.

El tercer punto planifica «la intervención del Principado para hacer frente a estas realidades». El gobierno destinará un total 1,3 millones de euros de los 2,8 millones asignados al Principado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género e a la aplicación práctica del protocolo, que se basará en «la puesta en marcha de diferentes acciones de sensibilización, prevención, intervención con las víctimas y refuerzo a los procedimientos de atención integral». Entre 2014 y 2017 se denunciaron en la región 57 violaciones, 109 agresiones sexuales y 345 abusos sexuales.

Ángeles Alcedo, coautora del protocolo, explicó que el informe asume ciertos principios rectores «muy importantes». El primero es que «la violencia sexual es una traba que envenena el funcionamiento de nuestra sociedad. El abuso sexual no es un acto de pasión o amor, sino un intento de ejercer poder sobre otro». Además, se hace constar que «cualquier mujer puede ser víctima» y que «la mayoría de violencias son cometidas por un varón a quien la mujer conoce. Los perpetradores se encuentran en todos los puntos de la escala social». Asimismo, se reconoce que «las supervivientes de violencia sexual, sean mujeres adultas o menores de edad, necesitan un acceso muy sencillo a los recursos y apoyos específicos». La investigadora Yolanda Fontanil, que también firma el informe, remarcó durante su intervención que «no existe una violencia sexual típica ni un patrón tipo de reacción de la víctima tipo. Todas son apropiadas a la violencia sexual, que no es sino un crimen contra el cuerpo y la voluntad de una persona».