Los transportistas amenazan con «plantarse» si el Ejecutivo «se atreve» con la medida

Es lo más suave que sale de su boca, porque la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística y Actividades afines que lidera De la Roza ya avisa de que «nos vamos a plantar». Considera que la medida que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez «supondrá un mazazo no solo para nuestro sector, sino para el conjunto de la economía». Y reprocha: «En el confinamiento éramos unos héroes y ahora se ve que no somos nadie. Espero que no se atrevan a llevar esto adelante sin negociar con el sector».

La patronal del transporte por carretera entiende que «el Gobierno ha cedido a la presión de las grandes constructoras» para recaudar los fondos necesarios para el mantenimiento de las autovías «a nuestra costa y la de toda la ciudadanía». Que el ministro Ábalos suscribiese un acuerdo con el sector «comprometiéndose a no implantar peajes sin tenernos en cuenta» no ayuda a calmar los ánimos. «Ha incumplido el compromiso. Ábalos no dice la verdad ni al médico», critica, por su parte, Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra.

Esta asociación empresarial, la otra gran organización de transportistas de Asturias, también enseña las uñas ante el anuncio de Moncloa. «Nuestra oposición es frontal y vamos a tomar todas las medidas de presión a nuestro alcance. Nosotros no salimos a la carretera por capricho. Somos un servicio público», remarca Monjardín, que, al igual que Ovidio de la Roza, considera que los fondos para la conservación de las carreteras españolas «debe salir de los Presupuestos Generales del Estado».

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) también mostró su rechazo a la medida de Ábalos: «Supone incrementar la presión fiscal que, ya de por sí en nuestra región, es de las más altas de España». Y, según su presidente, Belarmino Feito, «la necesidad de incrementar la recaudación no debería llevarse a cabo por la vía del aumento de presión tribuaria, sino por la de incentivar la actividad económica y el empleo».

Los partidos políticos también salieron al paso de la polémica suscitada por el cobro masivo de peajes en las autopistas y autovias estatales. El PP y Foro incluso presentaron conjuntamente una proposición no de ley instando a todas las fuerzas políticas asturianas a hacer frente común contra los planes del Ministerio de Ábalos.

El portavoz adjunto popular, Pablo González, considera que «el daño es irreparable y una amenaza para un sector que genera en Asturias 12.000 empleos». Afeó, además, que la medida se diera a conocer tras las elecciones de Madrid. Por su parte, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, lamentó que «el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado una vez más una decisión enormemente perjudicial para Asturias», mientras «Adrián Barbón lo soporta con servilismo».

El secretario general de Podemos-Asturies, Daniel Ripa, también pidió «la paralización» de la medida. «Lo que hay que hacer es una gran reforma fiscal para gravar a las grandes empresas y multinacionales, y no cargar a los ciudadanos con el pago de unas autovías cuya construcción ya pagaron previamente». Y fue todavía más allá: «No pueden pagar siempre los mismos los caprichos de un ministro que no se atreve con los grandes patrimonios pero sí con la mayoría de la población».

En opinión de Ripa, la política que está aplicando José Luis Ábalos «no es progresista, sino sangrante». Llegó incluso a hablar de «vergüenza». Igualmente crítico se mostró Ovidio Zapico, portavoz de Izquierda Unida, que en su coalición nacional con Podemos forman gobierno con Pedro Sánchez. «Es inaceptable aplicar peajes indiscriminados en la autovías, indispensables para la comunicación diaria, el comercio o la industria. Se perjudica a los mismos de siempre: los más vulnerables y a las clases trabajadoras», aseguró.

Para Ciudadanos, lo que se está cocinando en el Ministerio de Transportes y en Bruselas «supone un sablazo a las clases medias trabajadoras». Según incidió el portavoz de Infraestructuras de la formación naranja, Sergio García, «por la Y circula gente que va a trabajar, a estudiar...No hay Ferraris». En cuanto a Vox, más de lo mismo: «Lo que hay que hacer es racionalizar el gasto público y eliminar chiringuitos, no aplicar peajes». Ignacio Blanco, su dirigente en Asturias, también presentará una proposición no de ley para «frenar esta sangría de impuestos indirectos».

Incluso el PSOE se pronunció al respecto, aunque sin recrearse en los perjuicios que podría ocasionar la medida. «Asturias no puede sufrir más penalizaciones en sus infraestructuras, teniendo en cuenta que ya soportamos el peaje del Huerna, prorrogado por el PP hasta el año 2050», adujo la portavoz parlamentaria socialista, Dolores Cracedo.