Transportes promete seguir financiando los descuentos en la autopista del Huerna

La nota subraya que «el Gobierno descarta implantar nuevos peajes en la red de carreteras del Estado». Cuando se pactó el Plan de Recuperación con la Comisión Europea, el Ejecutivo central se comprometió a avanzar en el sistema de pago por uso de la red hasta ahora libre de peajes. Lo impopular de la medida y el rechazo del resto de partidos hacían inviable avanzar en esa línea, así que finalmente el Gobierno renegoció las condiciones con Bruselas, sustituyendo el pago por uso por una apuesta más decidida en favor del tráfico ferroviario de mercancías.

No existe por tanto compromiso ni urgencia para implantar el pago por uso. Lo que ha quedado de todo aquello es una reflexión, que verbaliza el ministro Óscar Puente, sobre la conveniencia de abordar un debate serio sobre la financiación de las infraestructuras cuando el escenario político lo permita.

En su comunicado Transportes descarta que la directiva vaya a suponer más peajes, pero también asegura que mantendrá «la política de bonificaciones». Según los datos que aporta, desde 2018 los usuarios frecuentes de la autopista del Huerna (AP-66) así como el transporte pesado se habrían ahorrado un total de 46,8 millones gracias a esos descuentos. «Se va a seguir trabajando en la política de bonificaciones que tiene el Estado, manteniendo tanto las bonificaciones para vehículos pesados hasta ahora aplicadas, como las que ya teníamos para los vehículos ligeros, que se basan en la habitualidad», sostiene Transportes.

El compromiso llega en un momento especialmente relevante. Desde el 1 de enero y gracias a una mejora de los descuentos para el tráfico pesado, los camiones y autocares pagan menos tarifa que los vehículos ligeros. La situación llamó la atención de la Comisión Europea, que expresó sus dudas sobre la coherencia de la situación respecto a la directiva que ahora se traspondrá. Bruselas se comprometió a pedir aclaraciones al ministerio.

Según el comunicado de Transportes, al final los únicos cambios que comportará la nueva normativa afectan solo a peajes que se puedan hacer en el futuro y los que ahora gestiona la empresa pública Seitt. La norma impone un nuevo método de cálculo de tarifa y la opción de internalizar los costes de congestión y emisiones contaminantes. «En las concesiones ya existentes, sin embargo, no hay que hacer nada», asegura.