¿Traducción por escrito o doble de tiempo para intervenir en dos lenguas?

Fue un tema abordado la semana pasada en la Mesa de la Cámara y que se retomará en la Junta de Portavoces. El presidente de la Cámara, Marcelino Marcos Líndez, quiere resolver esta cuestión cuanto antes. Sin embargo, las posturas al respecto están bastante enfrentadas. Los populares insisten en que se garantice tanto el derecho al uso del asturiano como el de los diputados a entender lo que se plantea. «Pero esto en ningún caso debe conllevar un gasto extra para los asturianos, ni la creación de una estructura burocrática», advierte el diputado popular Álvaro Queipo, quien explica que era precisamente este gasto lo que el grupo popular trató de evitar cuando votó en contra de la reforma del reglamento. Frente a esto, el PP propone que, ante una intervención con cierta duración o complejidad, quien quiera hacer uso del asturiano «entregue previamente la documentación en castellano o reparta el tiempo de su intervención para traducir».

En la misma línea, Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, entiende que el derecho a usar el asturiano «no puede estar por encima del derecho a entenderlo» y avanza que su grupo no apoyará «ninguna medida que suponga un gasto adicional a los asturianos, como un servicio de traducción, para que una minoría pueda desafiar a la inmensa mayoría». «La única lengua oficial es el castellano. No podemos utilizar la sentencia del Constitucional como la antesala de la oficialidad, porque el propio auto destaca que no tiene como resultado la atribución de esos efectos», argumenta Fernández, quien ve «paradójico» que quienes ahora se niegan a traducir las intervenciones que realicen en bable «la única lengua que utilizan en cuanto salen del Salón de Plenos, incluso para hablar entre ellos, es el castellano».

Se refiere Ciudadanos a la postura que mantiene Podemos. La formación morada cree que debe respetarse el derecho a usar la llingua por parte de cualquier compareciente y que no debe ser obligación de éste realizar ningún tipo de traducción. «Si alguien dice no entenderlo, la administración deberá resolverlo. No se puede pretender trasladar la obligación de la traducción a quien utiliza la llingua. Sería castigar al falante y discriminarlo», argumenta el diputado de Podemos Rafael Palacios. En su opinión, «no hay un problema de comprensión de la llingua, hay una voluntad de torpedear el proceso de normalización y boicotear el uso de las llinguas propias», por lo que reta a que, quien no entienda, «sea valiente y lo diga» y «pida traducción simultánea generando un gasto innecesario». «Desmontemos la mentira: todo el mundo comprende».

Desde IU, la portavoz del grupo, Ángela Vallina, defenderá esta semana en la Junta de Portavoces que, si alguien plantea que no ha entendido una comparecencia en asturiano, «se permita un tiempo similar al de la intervención en asturiano para su traducción al castellano» por parte del compareciente. Una propuesta que comparte Foro. «Si alguien afirma que no entiende el asturiano, cosa que dudo enormemente, propongo una doble intervención en asturiano y castellano, naturalmente con el doble de tiempo», resuelve Adrián Pumares, quien espera que «Vox y PP, en su obsesión y su cruzada contra el asturiano, no lleguen al ridículo de forzar traductores o algo similar en la Junta».

Vox, formación que recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma del reglamento, no va a hacer ahora ninguna propuesta al respecto. Pero Ignacio Blanco recuerda que, hace un año, su grupo planteó una solución «muy generosa» que pasaba por facilitar las intervenciones escritas en español. Vox espera conocer ahora la propuesta del PSOE, que en su momento rechazó la suya, para resolver este problema tras la sentencia del TC. Los socialistas, por ahora, están estudiando la fórmula que plantearán en la próxima reunión de la Junta de Portavoces.