Los trabajadores de residencias que rechacen la vacuna podrán ser cambiados de puesto

La ministra Darias ha decidido actualizar los protocolos de prevención para hacer frente a los nuevos contagios que se están detectando en las residencias geriátricas. La situación no es ni mucho menos tan crítica como la del año pasado, pero ha hecho saltar las alarmas. Hasta el punto de que la patronal del sector considere necesario decretar la vacunación obligatoria para el personal sociosanitario. Una postura compartida por muchos gobiernos autonómicos; no es el caso del Principado.

La alternativa del Ministerio se queda a medio camino y no convence ni a los responsables de las residencias de mayores ni a los trabajadores. «Como no se atreven a hacer obligatoria la vacunación, nos cargan a las residencias con más historias y ya estamos desbordados», lamentan desde las asociaciones de centros residenciales para la tercera edad de Asturias. Por no hablar de que «resulta bastante difícil mover a los trabajadores de su puesto». Y ponen un ejemplo: «¿A una gerocultora que la ponemos en la cocina?».

Los representantes sindicales del personal sociosanitario también se detienen en ese aspecto del nuevo protocolo de prevención. «No tiene ningún sentido, porque la mayoría de los puestos implican tener contacto con los residentes sí o sí», explican portavoces de la plantilla de los Establecimientos Residenciales del Principado (ERA), que todavía no han tenido tiempo de analizar en profundidad la propuesta del Ministerio. En cualquier caso, «no creemos que vaya a tener gran repercusión en Asturias», donde el nivel de aceptación de la vacunación «es altísimo».

En plantillas de 50 auxiliares, «puede haber una que se niegue a vacunarse», lo que supone un 2%. «Es algo anecdótico», remarcan. Ni la Consejería de Salud ni la de Derechos Sociales y Bienestar dan cifras.