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«La mayor parte del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) sería pobre si tuviera que depender únicamente de su salario, lo que obliga a pluriemplearse con la finalidad de obtener un salario digno, que les permita satisfacer tanto sus necesidades básicas, como ... las de sus familias». La Universidad de Oviedo pide «que los poderes públicos comiencen a afrontar la cuestión de la prestación de los cuidados desde un planteamiento integral», para evitar que un trabajo «fundamental» tenga «tanta precariedad».
Así figura en el análisis realizado por Sandra Dema, profesora deSociología, y por María Estébanez, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos para su Trabajo de Fin de Grado sobre la materia. Lo hicieron ellas, reconocen, «a petición de la Plataforma SAD para conocer la situación del sector».
Un servicio «clave» en el nuevo modelo de cuidados de larga duración, ya que la mayoría de las personas, según una encuesta realizada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la pasada legislatura, deja claro que quiere pasar la vejez en su propio domicilio. Para el momento en el que su autonomía personal esté limitada surgió el servicio de ayuda a domicilio. Uno que utilizan hoy ya el 18,41% de los asturianos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Es decir, 7.038 personas.
7.038 Asturianos con dependencia
que han destinado su ayuda a contratar el servicio de ayuda a domicilio. Es el 18,4% del total, por encima de la media nacional: 18,22%.
Sin embargo, las autoras del informe indican que «a pesar de la labor esencial que realiza el personal del SAD, este colectivo goza de poca protección y reconocimiento por parte de la legislación española, los poderes públicos y la sociedad, en general. De hecho, salvando escasas excepciones, apenas contamos con información específica sobre sus condiciones laborales».
Para buscar más claridad, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 se realizaron encuestas a 1.345 personas. Respondieron a 34 preguntas que generaron «un total de 45.730 datos». Unos que revelan que pese al carácter «clave» que las administraciones otorgan a este servicio, el 97,4% de los profesionales de ayuda a domicilio son mujeres (solo hay un 2,6% de auxiliares hombres); el 63,1% tiene un contrato parcial, y que el 61% hace más horas de las que le pagan.
Las autoras del informe ponen el foco en la alta tasa de temporalidad de los contratos. «Cuadriplica la tasa de contratos parcial en España (del 14% en 2020) y triplica la tasa de contratos parciales de mujeres (del 22,8%)». La jornada anual está fijada en un máximo de 1.755 horas y los servicios se prestan a diario.
Una parcialidad que se convierte en la clave, destacan, para la pobreza de las trabajadoras. «El principal problema del trabajo a tiempo parcial es que lleva aparejada una retribución salarial que no alcanza el Salario Mínimo interprofesional (SMI)». De ahí que apunten a que «serían pobres si tuvieran que depender solo de ese salario» lo que las obliga «a pluriemplearse».
Si a eso se une «que el 42,5% tiene una jornada partida», las autoras del informe ven difícil «la búsqueda de empleos adicionales o la conciliación de la vida profesional con la personal».
Además de generar pobreza, la precariedad es el caldo de cultivo para los abusos. El informe refleja que solo el 39% de las profesionales de ayuda a domicilio trabajan las horas por las que las tienen contratadas. La mayoría, un 61%, trabajan más tiempo del que cubre su contrato. El 35,9% hace horas de más y el 11,8% denuncia que «no se respeta mi tipo de jornada».
Una presión que se hace notar también en el momento en el que la trabajadora enferma. El 57,3% dice que su salud es «mala o regular», el 54,7% por dolencias musculoesqueléticas.Lo que ha llevado al 53,3% a estar de baja laboral entre una y tres veces en diez años. El 56% pidió el alta antes de estar recuperada.
Algo que desemboca en una vida laboral corta. El 36,9% lleva entre diez y veinte años en el sector, pero solo el 9,7% supera las dos décadas dedicadas al cuidado más personal. Y poco más del 1% llega a treinta años.
«Lo que toca ahora es que nos sentemos con el Gobierno de España, con el Ministerio de Trabajo, y abordemos la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Yo entiendo que así se hará». La consejera de Derechos Sociales y Bienestar tiene claro que el servicio de ayuda a domicilio es una pieza clave dentro del engranaje de los cuidados de larga duración. Permanecer en casa cuando la autonomía personal empieza a disminuir es posible si se cuenta con la asistencia adecuada. «Y ese es el papel de este servicio, cuyo futuro pasa por dignificar las condiciones de trabajo».
Por eso, Melania Álvarez anuncia que «la primera solicitud de reunión que traslademos» al Gobierno central será con los titulares de Trabajo y de la Seguridad Social «para modificar la normativa laboral y de la Seguridad Social que escapan de nuestras competencias, con el objetivo de que se impliquen en la consecución del objetivo de lograr un servicio de calidad que respete las condiciones laborales y dignidad de la plantilla».
La consejera recuerda que el Principado fue pionero «en el programa ImpulSAD» que, afirma, «nos permitió tomar la iniciativa para garantizar la financiación adecuada del servicio», ya que el Principado incrementó un 35% la partida de fondos regionales a los ayuntamientos desde 2020.
También recuerda que el plan contribuyó «a la firma de un nuevo convenio colectivo», además de firmar una resolución en junio pasado. Una con la que «se establece el régimen general del servicio público de ayuda a domicilio en el Principado, aspectos relativos a la dignificación del propio servicio y de las profesionales que lo prestan, como el deslinde de las actuaciones básicas y excluidas, la organización del trabajo y garantizar la calidad en el empleo», resaltó.
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