¿Hay que prohibir el acceso a menores y el consumo de alcohol en los toros?

Tenso debate protagonizado por varios expertos en la Comisión de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios de la Junta General en relación con la reforma de la ley de espectáculos públicos propuesta por IU-Convocatoria por Asturias para prohibir el acceso de los menores y el consumo de alcohol en las plazas de toros asturianas, lo que afectaría directamente a El Bibio de Gijón, el único coso que mantiene la tauromaquia en su programación. Un catedrático en Derecho Constitucional, un experto taurino y un activista por los derechos de los animales defendieron y argumentaron esta mañana su opinión en relación con esta propuesta de reforma y confrontaron posiciones hasta el punto de que la presidenta de la comisión, la popular Beatriz Polledo, les rogó que no entraran en debate.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Benito Aláez Corral, que compareció a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, explicó desde un punto de vista jurídico la «competencia» del Gobierno del Principado para regular los espectáculos públicos que se celebran en la región, pero sobre todo para legislar en defensa de la protección de los menores. Señaló que el perjuicio que este tipo de «espectáculos violentos» puede ejercer en los niños está reconocido y documentado en diferentes resoluciones del Comité de Derechos del Menor de las Naciones Unidas y que, bajo su punto de vista, son «jurídicamente obligatorias» para nuestro país. Dijo además, a preguntas de los diputados, que bajo su punto de vista la reforma que se plantea en el Parlamento asturiano no es sólo una «obligación internacional» sino una medida «sensata y razonable».

Su comparecencia fue quizá la más técnica y ajustada a la reforma planteada en la Cámara, mientras que las de los otros dos comparecientes fue más pasional y se convirtió en todo un debate sobre la tauromaquia al que posteriormente entraron algunos diputados. Hubo quien se cuestionó, de hecho, si con la medida se pretende proteger a los menores o directamente menoscabar este tipo de espectáculos. Sergio García Torres, ex director general de Derechos de los Animales, que también intervino a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, reconoció que la tauromaquia forma parte de la historia de España, pero defendió que, como otras muchas actividades, como las peleas de perros, «habituales en toda Europa hasta que llegó la Ilustración», deben dejarse atrás. Argumentó que es una «obviedad científica» que el toro sufre «física y emocionalmente» y tiró de citas de ilustres como Francisco de Quevedo, Pio Baroja, Ramón y Cajal o Gaspar Melchor de Jovellanos para tratar de demostrar que la antitauromaquia tiene la misma historia que la tauromaquia y que, en absoluto, se trata de una «moda actual de la izquierda radical, a no ser que tengamos por izquierdoso a Alfonso X el Sabio». Insinuó además que, al igual que Isabel la Católica reconociera en el siglo XV, «no se prohíbe por miedo a la rebelión de los nobles» y trató de echar por tierra los argumentos en favor de mantener este tipo de actividades asegurando que sólo genera 200 puestos de trabajo estable y negando que la protección del toro de lidia o el futuro de las dehesas dependa de este tipo de actividad.

Argumentos que contrapuso Fernando José Fernández-Guerra Fernández que, en calidad de experto taurino, compareció a propuesta del Grupo Parlamentario Vox. Este elevó a «cientos de miles» los empleos que genera directa e indirectamente esta actividad, asentando población en la España vaciada, y aseguró que la estirpe del toro de lidia y las dehesas se mantienen gracias a la tauromaquia. Cree que el festejo de los toros se ataca políticamente «por una intención de la izquierda de querer reconducir y decidir lo que es culto y no lo es». Afeó que se «promuevan actividades culturales que no existirían por sus propios medios» mientras se trata de menoscabar la tauromaquia que, dijo, «está preñada de valores positivos». En relación con el acceso de menores a las plazas de toros, el experto mostró su rechazo a la «obsesión del legislador» de dictar normas de convivencia que en su opinión contradictorias, como la de limitar el acceso a un coso taurino a un menor de 16 años pero considerarle «maduro para tomar decisiones como el aborto o ejercer profesiones como la propia tauromaquia», por lo que pidió no entrometerse en las responsabilidades de los padres. Negó que exista «ni un solo caso clínico» de menores que hayan sufrido algún tipo de daño psicológico por la asistencia a un espectáculo de este tipo y aseguró que tampoco hay «altercados» por el consumo de alcohol, como por contra son habituales en otro tipo de actividades. Defendió, en definitiva, la libertad de las personas para elegir de forma «voluntaria» asistir o no y reconoció que «es cierto que hay gente que se horroriza ante el espectáculo, que es sangriento, pero que tiene la libertad de no volver». Fernández-Guerra dijo además que existe mucha ignorancia sobre este espectáculo «reglado» y en el que, opina, «no hay intención de tortura» como lo demuestra, anotó, el hecho de que exista el indulto al torno. «Mucha gente saca la lengua a pacer porque en España de fútbol, toros y medicina todo el mundo opina», apostilló el experto taurino, quien puso en duda las encuestas que señalan que la mayoría de la sociedad aboga por prohibir los toros y respondió que «si algún fenómeno cultural tuviera poca acogida, acabaría por desaparecer».

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