Teresa Ribera se da hasta septiembre para proteger al lobo e indigna al noroeste

Todas las poblaciones de lobo que hay en España entrarán en el Régimen de Protección Especial (Lespre) cuando se consiga pactar una estrategia nacional para su gestión o más tardar «el 25 de septiembre». Esa es al menos la fecha tope que se marca el Ministerio para la Transición Ecológica en el borrador de orden que acaba de someter a consulta pública.

«Esto supone que se fija un calendario transitorio hasta el momento en que surta plenos efectos. Y será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección», argumentó el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán.

El departamento que rige Teresa Ribera sigue así con su proyecto pese a las protestas de las comunidades del noroeste, que habían amenazado con judicializar la cuestión si Transición Ecológica lleva al Boletín Oficial del Estado (BOE) esa orden. El malestar parecía haber abierto un momento de tregua, si se tiene en cuenta que Morán, el 7 de febrero y en EL COMERCIO, aseguró que la aprobación de la orden ministerial y la protección del lobo era «cuestión de días».

En lugar de eso el departamento dilató la tramitación, convocando un primer proceso de consulta pública sobre el contenido que debía reflejar esa orden ministerial y sentándose a hablar con los ganaderos. La ralentización enervó a Ascel, colectivo conservacionista que promueve la protección del lobo. Ahora Transición Ecológica abre otro proceso de consulta pública hasta el 11 de junio, ya con un borrador definido que pone fecha tope para que la protección de la especie.

«Vamos a analizar jurídicamente el texto», indicaron desde la Consejería de Cohesión Territorial. Su prioridad sigue siendo la de «garantizar en cualquier escenario la seguridad jurídica para la aplicación de nuestro plan de gestión», que le faculta a abatir ejemplares para controlar la expansión de las manadas.

Existe un pulso jurídico en ese punto. Desde el ministerio se ha venido sugiriendo que la protección del lobo afecta a las comunidades en las que está considerado especie cinegética, pero que a Asturias «no le va a suponer un cambio esencial». Es decir, ven margen jurídico para que el Principado pueda seguir abatiendo ejemplares.

En la consejería en cambio hay dudas. La Ley de Patrimonio Natural especifica que la inclusión de una especie en el Lespre conlleva la prohibición «de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos». En base a este artículo, Ascel ve del todo incompatible que el Principado pueda seguir abatiendo ejemplares desde el mismo momento en que le orden ministerial sea elevada al BOE.

En ese escenario jurídico, el paso adelante dado por el ministerio desairó el resto de comunidades afectadas. La consejera de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez, mostró su «sorpresa» e «indignación». «El Ministerio obvia de un modo insólito a las comunidades loberas, sin consenso y sin apenas diálogo, cuando aún le quedan muchos deberes por hacer», recriminó. La gallega censuró un texto que «preestablece un calendario» sin haber realizado un trabajo «metódico» con las comunidades. La popular consideró que el ministerio somete a «una continua contradicción y un continuo engaño» a las comunidades afectadas.

En Cantabria el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, mostró su «indignación». «Estamos una vez más ante la actitud desleal y avasalladora del Ministerio que está sometiendo a las comunidades autónomas a continuas muestras de desprecio», afirmó. «Ni siquiera ha respondido a las alegaciones que se había hecho en la fase de consulta previa», dijo.

En su comunidad el colectivo Asaja anunció nuevas movilizaciones de protesta.