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Una de las ideas que legó como ministro Alberto Ruiz Gallardón fue la de imponer una especie de copago en la Justicia. A partir de diciembre de 2012 cursar un recurso por las vías social, civil y contencioso-administrativa exigía entre 50 ... y 750 euros en tasas judiciales, letrado y procurador a parte. En una respuesta parlamentaria a Margarita Robles, el Ejecutivo central reconocía haber recaudado 940,3 millones hasta octubre de 2016. No pudo seguir con el tributo porque el Tribunal Constitucional lo anuló, al entenderlo «desproporcionado» y que generaba un «efecto disuasorio», desincentivando que el ciudadano defendiera sus derechos.
En otra contestación parlamentaria, el Gobierno de Mariano Rajoy admitía que hasta marzo de 2015 los asturianos le habían pagado 10,75 millones por esta vía. Las tasas sumaban 88.425 euros a la semana que el Principado miraba entonces con interés. A fin de cuentas, la justificación usada por Ruiz Gallardón para imponerlas era que utilizaría el dinero para financiar a los abogados de oficio, un colectivo cuya minuta abona el Ejecutivo regional. Sin embargo, los años pasaron sin que llegasen los fondos. «No hemos visto un euro», lamentó el consejero, Guillermo Martínez, a finales de 2016.
El también portavoz del Ejecutivo regional recuperó ayer ese alegato. «En la próxima conferencia sectorial de Justicia plantearemos la iniciativa», dijo. Confía en tener el apoyo de otras comunidades para obtener esos diez millones. «Nosotros tenemos un gasto en justicia gratuita de unos 5,2 millones al año y el ingreso que nos acaba de hacer el Gobierno central es de 37.094 euros», agregó.
Martínez se parapetó tras la reclamación para responder sendas a sendas críticas que le hicieron PP y Foro. Como en anteriores semanas, las formaciones pidieron cuentas por el deterioro de los 112 órganos judiciales de la región. «En Langreo, además de dispersión y gasto en alquileres, hay problemas de calefacción y luminosidad, y se toma declaración a víctimas y acusados delante de todos; en Luarca «hay 69 escalones que dificultan el acceso a los discapacitados», en Llanes, «además del carrito para mover expedientes, habría que llevar una piragua para las inundaciones», detalló Pedro Leal, desde Foro.
Junto a José Agustín Cuervas-Mons, recordó que el PSOE llevaba en su programa electoral la promesa de hacer un plan 2015-2025 para resolver los problemas, documento del que «llegó a decir que tenían un borrador», sin que haya sido presentado hasta la fecha.
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