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¿Cuándo estará listo el Avril, el tren fabricado por Talgo que Renfe operará en la línea Gijón-Madrid bajo las marcas AVLO y AVE? Desde el jueves hay dos respuestas distintas, en función de a qué implicado se pregunte.
Desde esa tarde ... la versión del Ministerio de Transportes es que ya «no es posible fijar una fecha definitiva de inicio de servicio». El departamento no quiere volver a pillarse los dedos, después de que su titular, Óscar Puente, repitiera durante casi tres meses que los billetes saldrían a la venta el 1 de marzo y los trenes estarían moviendo viajeros el 31 de marzo como muy tarde. La versión oficial asegura que esa misma mañana hubo una reunión con Talgo en la que no habría «transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía presenta ineficiencias e incoherencias».
La explicación del fabricante es diferente. Esa misma mañana colgó en su web las cuentas anuales de 2023 con su informe de gestión. En el documento informa a sus inversores de que durante el pasado curso siguió con las pruebas para poner a punto las 30 unidades ya pedidas «estando prevista la puesta en servicio de los primeros trenes en el primer cuatrimestre de 2024». Es decir, Talgo sí apunta una fecha ante sus accionistas, a los que asegura que el 30 de abril a más tardar deberían estar algunas unidades ya operativas.
La empresa mantiene su mutismo y eludió ayer aclarar si esa previsión se la había transmitido anteriormente al ministerio. Desde Transportes se insiste en que el proyecto «es prioritario», pero dados los antecedentes entienden que lo prudente es dar una nueva fecha «cuando esté clara». Cabe recordar que el contrato fijaba la entrega de las unidades entre 2021 y 2022. «Renfe y el ministerio, tras consultar con Talgo, hemos dado en muchas ocasiones fechas erróneas, facilitadas por la propia Talgo. Raquel Sánchez (cuando era ministra), Isabel Pardo de Vera (cuando era Secretaria de Estado) y ahora Óscar Puente han dado fechas que nunca se han cumplido, precisamente porque Talgo lleva años incumpliendo sus propios plazos», justifican.
La llegada de los trenes AVE se juega así, en medio de una indisimulada partida de mus, como muestra lo sucedido con las penalizaciones. En julio de 2022 el ministerio amagó con romper la baraja, al comunicar que ejercería las penalizaciones previstas en el contrato, que son de un máximo de 116 millones. Fuentes próximas al expediente admiten que el objetivo era presionar a Talgo y se dejaba la puerta abierta a la negociación. Ahora el departamento repite la operación.
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La semana pasada Transportes deslizó que está «perdiendo dinero por el simple hecho de que no tenemos los trenes. Ese lucro cesante supera los 50 millones a día de hoy». La cantidad la expresa «como último intento para forzar a Talgo a la entrega de los trenes», precisa el ministerio. Es decir, sin establecer como prioridad cumplir las amenazas. «Nuestro foco sigue puesto en la entrega urgente de los trenes y en que Talgo, de una vez por todas, finalice sus pruebas», apuntan.
El fabricante, por su lado, resta crédito a los apercibimientos. En su memoria reconoce que en julio de 2022 recibió aquella comunicación de sanción, a la que opuso sus alegaciones. Justifica los retrasos en las caídas de producción y problemas de suministro causados por la pandemia «y otros eventos geopolíticos, así como por otras causas exógenas a Talgo que han provocado retrasos en los procesos de prueba y homologación». La frase apunta a un supuesto retraso de Adif para facilitar vía en la que poner a circular en pruebas los trenes, algo que el gestor de infraestructuras siempre ha negado, preparando documentación que evidenciaría la disponibilidad que ofreció a Talgo, caso de tener que llegar a juicio.
La empresa asegura que tras ese intercambio de pareceres siguió remitiendo a Renfe explicaciones de los retrasos. Al cierre de las cuentas, «no existe una reclamación formal en este respecto, y con la información disponible considerada en su conjunto, la Sociedad considera remoto que se materialice dicho riesgo».
La partida sigue. Queda claro que el ministerio ha considerado que para llevarla a su terreno era necesario amagar con sanciones y no atarse más a fecha alguna. Esto último resta presión a Renfe, que puede seguir reclamando al fabricante que eleve los índices de fiabilidad hasta los umbrales que se habían pactado. Al final todo depende de dar con la actualización de software o el ajuste mecánico que impida a los trenes detenerse por un problema de tensión.
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