Es, sin duda, una de las decisiones del Consejo de Gobierno que afecta a más gente y que será mejor recibida. Porque el Ejecutivo regional ha acordado hoy incrementar un 2% las retribuciones de los empleados públicos para este año. Además, la subida tendrá ... efectos retroactivos desde el 1 de enero. Según los cálculos del Gobierno, el coste total de este incremento está estimado en 41,5 millones, de los que 18,6 millones corresponden a la Administración autonómica y casi 30 a organismos y entes públicos.
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Los presupuestos autonómicos para 2024 establecen en su disposición primera que los sueldos se incrementarán aplicando los porcentajes máximos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 o norma equivalente en materia de retribuciones. Ese máximo se ha fijado en el 2% y es el que ha aplicado el Principado.
Esta propuesta fue aprobada por la mayoría de las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación, con los votos a favor de CC OO y UGT, la abstención de FSES y SAIF, y el voto en contra de CSIF.
En el Consejo de Gobierno se han aprobado otros asuntos:
1.244.293 euros para la construcción de dos glorietas en Luanco. La actuación supondrá una notable mejora de los accesos a la capital gozoniega y de las conexiones de las carreteras GO-1, GO-2 y GO-7.
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El proyecto incluye la creación de dos rotondas en la carretera de Bañugues (GO-1). La primera, la más cercana a la localidad de Luanco, conectará las vías GO-1 y GO-2 y dará acceso al nuevo desarrollo urbanístico de la zona. La segunda se situará en la intersección entre la GO-1 y la GO-7 para dar acceso a las instalaciones deportivas de Balbín.
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 557.922 euros para financiar la convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto y material didáctico en centros privados concertados durante el próximo curso. La convocatoria, cofinanciada con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, mantiene un umbral de renta de 8.000 euros por cada miembro de la unidad familiar del alumnado.
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En la enseñanza concertada, las ayudas se conceden directamente al alumnado, a diferencia de lo que ocurre en la red pública, en la que los manuales se entregan a los centros educativos para que habiliten un banco de préstamo. En ambos casos, el importe por estudiante asciende a 105 euros.
Para los alumnos de centros públicos ya se aprobó en marzo una partida de 2,6 millones. En total, el presupuesto destinado a ambas redes para la compra de material escolar suma 3.177.228 euros.
La Consejería de Educación concedió el pasado curso 5.317 ayudas a estudiantes de la enseñanza concertada por un importe de 558.705 euros. Esa cifra supuso un incremento de más de un 33% del alumnado beneficiario respecto a la convocatoria anterior. Por otro lado, repartió casi 25.000 ayudas para el uso de libros en régimen de préstamo en centros públicos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, lo que representó también un aumento del 50% del alumnado beneficiario.
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El Ejecutivo ha aprobado hoy el nombramiento de María Luz Pontón Álvarez como nueva presidenta del Consejo Escolar del Principado. Sustituye en el cargo a José Ramón Álvarez Bello, con motivo de su jubilación.
Nacida en Mieres, Pontón es doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Profesorado de Educación General Básica. Comenzó a ejercer la enseñanza en 1988 y desde 2005 es profesora titular del Centro de Personas Adultas El Fontán, de Oviedo. Además, ha publicado 28 libros infantiles y juveniles en castellano y asturiano y ha impartido numerosos cursos y ponencias sobre alumnado de altas capacidades. También forma parte del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y del consejo rector de la OSPA.
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El Consejo Escolar es el órgano consultivo y de participación social en la programación general de enseñanza en los niveles no universitarios.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico y el Ayuntamiento de Llanes en virtud del cual el Principado asumirá, a través de una encomienda, la explotación integral de las instalaciones de depuración de aguas residuales del concejo. El acuerdo contempla también la ejecución de las obras de reforma de las depuradoras de Ardisana, que correrán a cargo del Principado, y de Vidiago, que sufragará el municipio.
La Administración autonómica asumirá la gestión, mantenimiento y conservación de las infraestructuras de saneamiento y depuración desde Niembru hasta Cue, de la depuradora de Llanes y de doce más ubicadas en otras localidades. El Principado afrontará los gastos con cargo al impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua.
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El Ejecutivo trasladará a la Junta General para su autorización un convenio de colaboración entre el Principado y la Xunta de Galicia para la prestación de asistencia sanitaria en zonas limítrofes entre ambas comunidades, concretamente en nueve localidades de la parroquia de Os Coutos, en el concejo de Ibias.
El documento, que ya cuenta con el aval del Consejo Consultivo, establece que los 23 habitantes de Folgueiras Os Coutos, Lagúa, La Muria, Parada, Santa Comba Os Coutos, Valdeferreiros, Vilarello, Villaselande y Viñal puedan recibir atención sanitaria en la provincia de Lugo, puesto que les resulta más accesible.
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Actualmente, los vecinos de la parroquia tienen como referencias el consultorio de San Antolín (Ibias) y el hospital Carmen y Severo Ochoa, (Cangas del Narcea). El convenio permitiría asignarles al centro de salud de Navia de Suarna y al Hospital Universitario Lucus Augusti, ambos en la provincia de Lugo.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Salud y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, para mejorar la asistencia sanitaria que se presta a las personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Asturias. El acuerdo facilitará el acceso telemático a las historias clínicas electrónicas de los pacientes por parte del personal médico, farmacéutico y de enfermería que presta servicios en la prisión.
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Este acuerdo abre la puerta al desarrollo de la telemedicina entre la cárcel y los centros del Servicio de Salud (Sespa). También contempla la rotación en la institución penitenciaria de profesionales en formación como residentes de medicina, farmacia o en enfermería. Igualmente, establece la posibilidad de que los funcionarios sanitarios de Instituciones Penitenciarias asistan a cursos de formación continuada en el Sespa.
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