Sólo el 16,5% de los asturianos que están en riesgo de pobreza cobra el ingreso mínimo vital

En Asturias, 166.778 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo confirma la Red Asturiana contra la Pobreza (EAPN en sus siglas en inglés). Es decir, en Asturias hay 166.778 personas cuyos ingresos anuales no superan los 10.088 euros, lo que significa vivir con 28 euros al día. Vivir bajo el umbral de la pobreza se traduce, según los expertos, en no poder satisfacer necesidades básicas: comer a diario, pagar la vivienda, la educación de los hijos. O no acceder a agua potable.

Sin embargo, solo 35.134 de esos asturianos bajo el umbral de la pobreza se benefician del ingreso mínimo vital, la prestación estatal que entró en vigor en junio de 2020 para hacer frente a las consecuencias económicas que supuso la pandemia de la covid. «Vacuna contra la pobreza», se la llamó.

«Pero el Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó: que en unos meses el ingreso mínimo vital llegara a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país», critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la entidad 'madre' del Observatorio de la Dependencia.

Ramírez pide «un impulso aún mayor para incorporar el ingreso mínimo en la gestión de los servicios sociales de atención primaria». Porque, según sus cifras, en Asturias sólo llega «al 16,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza».

Una tasa la asturiana que, con no llegar al objetivo de la prestación, está por encima de la media nacional: «Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el ingreso mínimo vital solo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza».

El Principado se encuentra entre las comunidades que lideran el reparto de esta prestación: País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5%), Melilla (22,6%) y Navarra (17,7%). Ofrece mucha más protección Asturias que regiones con mayor volumen de población y riqueza, como Madrid, que solo cubre al 13,07% del colectivo en el umbral de la pobreza, o Cataluña, que se queda en el 8,6%. La tasa más baja del país corresponde a Baleares: 5,92%. «Existen grandes diferencias en esta implantación entre comunidades autónomas», critica Ramírez.

Por ello, desde la entidad se insiste en que «es necesario un impulso aún mayor», que pasa por convertir a los servicios sociales de cada comunidad en la puerta de entrada. «Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social», asegura José Manuel Ramírez.

La radiografía que permite hacer la última estadística del ministerio, la relativa a abril, indica que en Asturias de la prestación estatal se benefician 48.737 personas, de los que casi 19.000 son menores. Unas familias que han recibido, de media mensual por hogar, 565,45 euros, lo que supone un descenso del 0,36% sobre la cuantía de marzo.

El estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también compara cómo era la situación en España antes de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. En 2019, el último año antes de la pandemia, en Asturias había 7.283 personas más con apoyo social que ahora, puesto que cobraban la prestación regional, el salario social que Asturias implantó en diciembre de 2005 y que mantiene en vigor.

Por ese motivo, José Manuel Ramírez insiste en que «el Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el ingreso mínimo vital a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país».

Los problemas burocráticos iniciales y la falta de conexión entre las prestaciones regionales que aún se mantienen, llevan, lamenta el presidente de la entidad, «a la persistencia de las 'colas del hambre'», las que protagonizan las personas sin recursos ante las entidades que ofrecen alimentos o comidas gratis. «Deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia en la gestión de la 'vacuna contra la pobreza'».

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