Cambio histórico en Sogepsa, la sociedad de capital mixto fundada en 1984 por el Principado que lideraba Pedro de Silva, los ayuntamientos y una parte de los constructores asturianos para, juntos, lanzar expropiaciones y operaciones de urbanización de suelo residencial y privado. Tras 40 ... años de convivencia el pasado 20 de diciembre la junta general acordó una reducción del capital social de once millones amortizando las acciones de serie A, las que quedaban en manos de los empresarios. El acuerdo «se está inscribiendo en el Registro Mercantil, por lo que se ha culminado la conversión de la sociedad en un accionariado que ya es 100% público«, anunció la consejera Nieves Roqueñí. »Ahora puede empezar en un instrumento ágil y eficaz, iniciar una nueva etapa en la que vamos a tener suelo para todas las inversiones que vengan«, confió.
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Supone un hito en la 'operación reseteo' lanzada por el Principado en 2022, consistente en asumir la deuda bancaria que bloqueaba a la sociedad y despojarse de los accionistas privados para así poder asumir encargos directos del sector público. Un 12,2% de las acciones de Sogepsa seguían en manos de las constructoras asturianas reclutadas hace 40 años de forma directa, algo que, con el tiempo, contravenía las directivas comunitarias y limitaba su capacidad de actuación. Para hacerse con su parte de la empresa el Principado empezó a comprar en otoño las acciones de los privados a 13 euros la acción.
Quedan pasos por dar. Roqueñí contaba con acabar 2024 recibiendo los 35 millones que le adeuda la Agencia Sekuens a Sogepsa. La primera es una entidad pública dependiente de la Consejería de Ciencia, y que asumió los bienes y obligaciones del extinto Idepa. Entre los compromisos adquiridos por aquel instituto (y que datan de 2006 y 2009) estaba cubrir las pérdidas que generaba a Sogepsa la promoción y venta de los polígonos industriales urbanizados en base al plan marcado por el propio Idepa. Finalmente el dinero no llegó porque la agencia no tenía como afrontarlo, motivo por el cual esta parte de la operación se ha prorrogado hasta, como mucho, el 31 de marzo. Con ese ingreso Sogepsa amortizará el préstamo que le concedió el propio Principado para que hiciera frente a sus deudas bancarias. Es decir, el dinero público se transferirá de consejería a consejería para sanear el balance de Sogepsa.
Para aliviar ese pasivo en su momento la sociedad mixta ya amortizó parte del préstamo que le dio el Principado entregándole, como dación en pago parcelas por importe de 54 millones. De estas, 26 salieron a subasta en noviembre. «Se han adjudicado ya once, por un importe de 4,8 millones. En la memoria que presentan los compradores acreditan que harán una inversión de 17 millones y crearán 50 puestos de trabajo», anunció Roqueñí.
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Otro de los flecos tiene que ver con Sogesproa, una sociedad creada entre Sogepsa, Liberbank (hoy Unicaja) y CAC-Asprocon. La idea inicial era que los dos primeros le traspasaran activos, y que la plantilla de Sogepsa hiciera el trabajo de comercializarlos, cobrando para ello al banco. Lo cierto es que desde su origen, en 2023, esos activos se han depreciado en 11,2 millones «especialmente por la devaluación de los activos aportados por Unicaja, que son suelos industriales de difícil comercialización y urbanizaciones sin terminar», asumió la consejera. El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons leyó una lista de bienes desperdigados entre pueblos de Córdoba, Sevilla, Toledo y Cuenca, entre otros sitios. «Si no somos capaces de gestionar el suelo industrial que hay aquí, ¿qué hace Sogepsa vendiendo terrenos en Alcalá de Guadaíra?», inquirió. La consejera confirmó que se están dando los pasos para extinguir la filial, asumiendo el deterioro acumulado.
Roqueñí afrontó así la que es su última comisión en la Junta General, donde el PP la recibió con un carrusel de preguntas sobre cómo queda la cartera de la que será cesada el viernes, para pasar a liderar la Autoridad Portuaria de Gijón. El diputado Rafael Alonso recordó que el compromiso en Cogersa era contar con un seguro contra incendios en el primer trimestre de este año. Para agilizar el expediente la consejera respondió que hoy mismo saldría la licitación en el diario de la UE, pero asumió que la previsión es tenerlo contratado si hay aseguradoras interesadas «en mayo o junio».
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El parlamentario también se interesó por el desarrollo de la Ley de Calidad Ambiental, aprobada en vigor desde abril de 2023. El texto establecía un plazo de seis meses para «desarrollar» las normas que permitan regularizar la situación de las cuadras en núcleos; la resolución está ahora pendiente del informe del Consejo Consultivo para ver la luz. Respecto al reglamento «estamos trabajando las dos consejerías más afectadas, que son la del socio de gobierno y la nuestra», dijo.
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