«La situación de la Justicia es más que límite»

La describía el informe que el Colegio de Arquitectos entregó al Principado el pasado diciembre y que EL COMERCIO destapó en julio. Tras revisar 20 de las 25 sedes que hay en la región, la auditoría concluyó que once no dan más de sí y propone su traslado. Los especialistas localizaron juzgados «insalubres», con exceso de humedades, frío, así como incumplimientos de las norma contra incendios que llegan al extremo de que uno de los edificios del TSJA pasó años con la alarma averiada. La ministra de Justicia, Pilar Llop, redujo hace unas semanas los problemas a «una anécdota», algo contra lo que se revolvió Chamorro.

«Nuestro problema lejos de ser una anécdota es serio e importante y afecta al ciudadano», opuso. Chamorro dijo conocer las deficiencias de los juzgados «mejor que los arquitectos». Por eso las palabras de la ministra le «sorprendieron», pero evitó el choque con la representante del poder ejecutivo. «La Justicia está en una situación más que límite, lleva muchos años así, ningún otro servicio público se encuentra de esta manera en la comunidad», abundó.

«Necesitamos que los medios tecnológicos se desplieguen con seguridad. Cada vez hace falta más conectar con ciudadanos que están en Málaga o Barcelona y necesitamos que no haya cortes y se suspenda el juicio», expresó.

El sistema «muere de éxito», anotó. El pasado año en la región se resolvieron unos 150.000 pleitos, «lo que significa que unas 300.000 personas litigaron en los juzgados; eso no hay presupuesto que lo resista. Encima se quiere que el servicio sea gratuito». Entre las consecuencias de esta situación confió haber resuelto «un recurso de un padre contra las notas de su hijo; hubo tres magistrados que resolvieron eso gratis». Otro pleito que llegó al TSJA, recordó, fue por un gato. «La sociedad española es como es y la gente va a urgencias por un catarro», comentó.

Chamorro cargó contra los proyectos que pretenden confiar la instrucción a los fiscales («ya funciona bien con los jueces»), lamentó la «excesiva diarrea legislativa» que denotan las 33 reformas que lleva la Ley Orgánica del Poder Judicial y advirtió contra la tentación de dejar en manos de la universidad el acceso a la carrera judicial. También vaticinó que «desgraciadamente los juzgados de paz, que son una institución, van a desaparecer» y teme que las reformas legales que se tramitan deriven en que «el ciudadano vaya un día al edificio y encuentre un cartel de que este juzgado ha sido cerrado».

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, dio la réplica. Indicó que según los sondeos, los españoles no están satisfechos con el funcionamiento de la Justicia, que en España «en los últimos años el número de jueces aumentó un 50% y el número de asuntos resueltos disminuyó un 5%», por lo que «además de recursos, hay estructuras que no son eficientes».

Suárez aseguró que hay más jueces que en el resto de la UE, que España lidera «con Estonia y Austria el ranking de medios informáticos» y que los juzgados de paz «evolucionarán» y se convertirán en una ventanilla judicial en cada ayuntamiento.