«La acogida de menores migrantes no es una concesión a Junts, es dar una solución de país»

–La semana empezó fuerte, con el decreto de reparto de los menores emigrantes entre las comunidades que está siendo respondido con dureza por el PP.

–Es un decreto que hemos trabajado durante muchísimos meses. Y no se ha pactado solamente con Junts, lo hemos trabajado con muchas fuerzas parlamentarias. Se aprueba porque la situación lo requiere, porque es una solución de país la que hay que dar.

–El decreto sale adelante con el apoyo de Junts. Convénzanos de que no es una concesión más al independentismo catalán.

–No tiene nada que ver con concesiones.

–Explíquelo pues.

–Lo que necesitamos es adaptar la norma para acoger con dignidad y con derechos a esos niños. De ahí la voluntad de entendernos prácticamente con la mayor parte de las fuerzas políticas. Ha habido algunas que no han querido trabajar. Es el caso del PP, planteando cuestiones absolutamente maximalistas y que en muchos casos dejaban fuera la cuestión de los derechos fundamentales de la infancia.

–¿No menoscaba este decreto las competencias autonómicas?

–La acogida de niños en situación de desamparo es universal en nuestro país, pero depende de las comunidades autónomas y ahí tenemos que reconocer que hay 17 modelos de acogida. No hay una homogeneización del sistema de acogida, como la hay en la sanidad o la educación. Cada comunidad tiene un sistema de acogida.

–¿Y cómo lo harán común?

–Esto hay que corregirlo. No sirve de nada que se produzcan los traslados desde Canarias, porque ya no tiene capacidad de acogerlos de manera correcta, a otros territorios donde también hay mucha presión en el sistema. Lo lógico es hacer un sistema de acogida vinculante, solidario y equilibrado en todo el territorio.

–¿Por eso a Cataluña le corresponderían 26 menores, a Asturias 151 y a Madrid 806?

–Cataluña tiene acogidos en estos momentos al 25% de los menores no acompañados que hay en España. En Madrid están siendo tutelados el 10%. Lo que toca es un plan para desarrollar progresivamente y paulatinamente los sistemas para que sean equilibrados.

–¿La cifra de 151 menores que le corresponderían a Asturias es la definitiva?

–No, no hay ninguna decisión aún. Los datos que tenemos más fiables son los de diciembre de 2023 y con ellos planteamos una proyección. Necesitamos un criterio, que es el mismo que operaba ya en 2022 y que fue aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial. Es un criterio que plantea un reparto por número de habitantes en cada territorio, dispersión territorial, elementos socioeconómicos y el nivel de ocupación de los sistemas de acogida.

–El Principado sí se ofrece a acoger más menores, pero pide más financiación. ¿Cuánto correspondería a Asturias?

–Hemos acoplado una partida presupuestaria de 100 millones de euros para todo aquello que suponga sobreocupación del sistema en las comunidades. ¿Cuánto corresponde a Asturias? Se determinará en el momento en el que tengamos, primero, el número real de niños y niñas que hay en cada uno de los sistemas de acogida.

–Las comunidades de PP amenazan con una ofensiva judicial y no acoger a estos menores.

–No voy a opinar sobre algo futurible. En cualquier caso, por dejarlo claro, la ley es de obligado cumplimiento y hay marco jurídico suficiente para establecer mecanismos en caso de incumplimiento.

–¿Es similar en todas las comunidades la atención a menores?

–Estamos preparando otro real decreto que ya se está tramitando para estándares mínimos del sistema de acogida.

–¿Qué incluirá ese decreto?

–Vamos a plantear un nivel de exigencia mínima de los servicios de acogida de todo el Estado. Tenemos que alejarnos ya del modelo de macrocentros. Tenemos que garantizar una ratio de trabajadores por niño o niña suficiente, con una formación específica, equipos multidisciplinares que hagan un proceso de acompañamiento que atienda a necesidades concretas que hay en este sector de la población.

–¿Regulará el número de educadores que debe haber en cada centro y el control de menores, como los trabajadores y padres de los menores tutelados en Asturias están reclamando?

–Más que el control, lo que exigimos es que haya proyectos socioeducativos de acompañamiento y transición a la vida adulta. Planteamos que tiene que haber proyecto y formación a todos los niveles, equipos multidisciplinares... Hablamos de ratios de trabajadores por centro y por niño, con una exigencia también de que esté vinculada a la presencialidad y a la continuidad en el puesto de trabajo, que siempre haya con cada niño un número determinado de equipos y de educadores y del resto de equipo multidisciplinar. Hablamos de la dimensión de los centros, del control y de las inspecciones.

–¿Inspecciones? Los centros y, por tanto, las inspecciones son asunto de las comunidades.

–Sí, y el Gobierno de España no intervenía a ningún nivel. Ahora lo que vamos a plantear es que haya primero un mecanismo homologado a todos los niveles de las comunidades autónomas para realizar las inspecciones, vamos a pedir que haya inspecciones anuales y que haya un traslado de las actas al Ministerio de Juventud y de Infancia, de tal manera que nosotros tengamos potestad sancionadora también.

–El acceso a la vivienda es un problema generalizado en todo el país, pero sin duda son los jóvenes a los que más les afecta. ¿Cómo van a solucionarlo?

–Necesitamos que los mecanismos que ya están habilitados de carácter legislativo y normativo se apliquen. Esto es urgente. Hay un dato muy interesante que dice que la aplicación de las normas en Cataluña ha reducido un 6% los precios de la vivienda mientras que en Madrid, la no aplicación de la ley de vivienda, ha hecho aumentar un 8% el precio. Por tanto, hay instrumentos que ya están aprobados que de aplicarse no solamente no harían subir los precios de la vivienda, sino que paulatinamente irían incidiendo en la reducción de los mismos.

–¿Es suficiente esta medida de intervención del mercado?

–Necesitamos, además, por la situación tan dramática que tenemos, una intervención del mercado de la vivienda mucho más ambiciosa. Debe regularse con determinación el alquiler turístico, la actividad de los fondos de inversión y el carácter de actividad especulativa que tienen, como se regula a los grandes tenedores privados de vivienda...

–¿No se olvida de la inversión en vivienda pública?

–No, no. Hemos puesto en marcha desde el Gobierno de España la empresa pública de vivienda y tenemos muy claro que hay que invertir para hacer vivienda pública. Como está haciendo el Gobierno de Asturias. También tenemos una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública.

–¿Qué le parece el programa Alquilámoste del Principado para favorecer que la vivienda vacía se alquile?

–Es una buena línea de trabajo y creo que las medidas en materia de vivienda pública que desarrolla Asturias son también ejemplares.

–Ustedes rechazan el aumento del gasto militar, pero a la vez apoyan los proyectos de la industria de defensa. Parece una contradicción. ¿Cuál es la posición de IU?

–El viernes votamos a favor de una resolución del BNG que era bastante clara y ahí se vio una posición absolutamente unitaria del espacio de Sumar. La posición ha quedado bastante marcada en la votación del Congreso de los diputados del jueves. Nosotros lo que estamos planteando es hablar de seguridad en otros términos y determinar cuáles son las principales amenazas que tenemos en estos tiempos.

–¿Y cuáles son?

–Si miramos lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, las principales amenazas vienen del efecto del cambio climático. Lo hemos visto con la dana en Valencia. O por ejemplo, el efecto de la covid en nuestro país, que fue terrible. Todo esto también es seguridad. Si se abre el debate sobre la seguridad, nosotros creemos que no se puede hablar solamente de una parte. Hay más amenazas, como todo lo que tiene que ver con el entorno digital y el hecho de que haya unos pocos millonarios que estén determinando cuáles son los límites de su uso, con una falta absoluta de control democrático.

–¿Y qué propone?

–La seguridad no puede asociarse exclusivamente a la cuestión del gasto militar. Hay que hablar del modelo de defensa. Y ahí hay mucho que decir. ¿Tenemos que seguir aumentando el gasto militar siendo subalternos del aparato militar de una potencia extranjera? Pues para nosotros no es razonable, en absoluto. Por tanto, tiene que haber un debate de sociedad en el que nos planteemos cuál es el marco de la seguridad y de qué forma nos tenemos que adaptar.

–¿Qué le parece que Asturias sea una comunidad donde la industria de defensa pone sus ojos para nuevas inversiones?

–Nosotros siempre vamos a defender el empleo. Mire, yo esto estoy radicalmente de acuerdo en que necesitamos un plan de reindustrialización para zonas que han sufrido muchísimo con la desindustrialización del país, como es el caso de Asturias. La pregunta es, habiendo recursos de Europa, como los hay, ¿solo es posible un plan de reindustrialización militar? ¿Por qué no también de la industria biomédica? Nosotros siempre vamos a defender el empleo. Pero también que nuestro país tenga una industria fuerte y diversificada.