«Es un sinsentido que Oviedo no esté en el área metropolitana»

La jurista señaló los casos de Llanes y Gijón como ejemplo del tortuoso camino que siguen los planes y cómo, tras años de papeleo, terminan anulados. «Cualquier vicio en el procedimiento conlleva la nulidad total y tener que empezar de nuevo, con la consiguiente paralización económica del municipio», lamentó. «Se desperdician medios humanos y económicos al iniciar de nuevo toda la tramitación», describió.

Como solución, Álvarez de Linera apostó por simplificar el Texto refundido de las disposiciones legales en la materia (más conocido como el Trotu) y reducir las causas de nulidad. «Necesitamos modular los efectos de las anulaciones de los planes, que no todo vicio suponga la anulación de todo». La fórmula pasaría por permitir «convalidaciones de la parte que no esté afectada por esa omisión, o que los jueces tengan competencia para anular parcialmente las partes que están afectadas, pero salven el resto», apuntó. Todo es cambiante y «un derecho sólido no sirve para dar respuesta a lo que exige esta sociedad». «Ya pasaron 16 años desde que se aprobó el Trotu y más de otras cosas», coincidió José Manuel Pérez, letrado del Tribunal Constitucional, quien enumeró los males de la región en la materia.

El cambio climático vuelve la vista a la costa, cuya ordenación «necesita enfoque autonómico porque va más allá de lo municipal». El también profesor universitario vio urgente reactivar el proyecto del área metropolitana, pero no ve claro «que con una comunidad que tiene cada vez menos población, sea necesario crear un ente administrativo más». Lo fundamental es que las administraciones se coordinen, eviten «proyectos que resultan fallidos». Que Oviedo esté al margen de este foro es «absurdo, un sinsentido», recriminó. El 33% de la región tiene alguna protección, «un orgullo, pero un problema de gestión». Para responder, se aplica «legislación que desde 1956 se ha mantenido casi constante, con pocas innovaciones».

José Antonio Cullía de la Maza, secretario de la Comisión de Urbanismo regional (CUOTA), expuso que los presupuestos incluyen fondos para renovar la ley del suelo. «Encaminados estamos, es un proceso largo y habrá muchos intereses en juego», dijo. Entre las soluciones que urgen, relató cómo el reglamento autonómico restringió las opciones de levantar una vivienda en zona rural, algo que ahora conviene repensar «desde el punto de vista de la despoblación» y de facilitar la vida a quien resiste en estas partes del territorio.

Anxelo Estévez, secretario general del Ayuntamiento de Ribadesella, confesó que desde su puesto «se puede impulsar cualquier proceso administrativo salvo un plan general». En nombre de los consistorios, reclamó más apoyo técnico al Principado y dejar de proteger edificios que se caen. A la jornada coordinada por Javier Junceda asistieron la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, el director general de Ordenación, Alfonso Toribio, y el exconsejero Benigno Fernández Fano, entre otros.