Siero reforzará la vigilancia policial en las viviendas públicas de El Berrón

Fueron dos de los principales acuerdos adoptados en la reunión que el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Bienestar Social, Natividad Álvarez, mantuvieron ayer con la gerente de Vipasa, María Montes, y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Siero.

El regidor sierense reconoció que el problema era «complejo dada la legislación existente» y que los hechos estaban denunciados en el juzgado. Entretanto, el alcalde anunció que habrá «más presencia y presión policial para resolver ciertas situaciones que se están dando». De hecho, apenas dos horas después de concluir la reunión, efectivos de la Policía Nacional y Local se desplazaron a El Berrón para realizar un primer control conjunto.

El mandatario ha encargado también un informe a la Policía Local de cara a instalar cámaras de seguridad en los dos viales colindantes con las viviendas afectadas. «Serían las primeras cámaras de seguridad ciudadana en un vial público, por lo que requiere de una autorización de la Delegación del Gobierno», explicó. Y añadió que vecinos y empresarios le habían transmitido su preocupación por la situación existente en esa zona de la localidad.

Asimismo, el área municipal de Servicios Sociales va a revisar las prestaciones que reciben algunas personas que podrían estar vinculadas con esas ocupaciones de viviendas. «Las prestaciones conllevan aparejadas unas obligaciones y no se puede tolerar que incumplan la ley», dijo el alcalde. La reglamentación vigente castiga con cinco años sin poder optar a una vivienda pública a quienes protagonicen una ocupación ilegal, según fuentes municipales.

Por otro lado, el alcalde anunció que se va a ofrecer al transportista José Antonio L. A. una vivienda pública en otro lugar del concejo de Siero «de manera provisional hasta que se resuelva su situación». El afectado había declarado que no pretendía volver a convivir con las personas que le allanaron su domicilio, pero el regidor aclaró que la intención municipal y de Vipasa es desalojar a todos los que hayan ocupado ilegalmente las viviendas. Aunque no aportaron datos exactos, se estima que podría haber unos ocho pisos ocupados entre los dos bloques.

La gerente de Vipasa, María Montes, recordó que habían presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Siero «en cuanto tuvimos conocimiento» y que también están tratando de llegar a acuerdos para proceder a los desalojos. «Nosotros no podemos hacer más», dijo. Y sí comentó que los desalojos están tardando en materializarse entre tres y cuatro meses.