Pumarabule, más de diez años entre grietas

Las treinta y seis nuevas construcciones públicas que Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) está construyendo para ellos están casi listas y se espera que sean habitables este mismo año. Pero el problema está en las condiciones de ingreso. Tras más de dos años peleando por conocerlas, el Gobierno regional les ofreció el pasado julio la posibilidad de adquirirlas después de abonar la cantidad marcada por los precios de vivienda de promoción pública fijados para el concejo de Siero: 1.270 euros por metro cuadrado de superficie útil para los pisos. La cantidad total aproximada asciende a 60.000 euros, una cifra que la gran mayoría de los afectados considera «inaceptable». La realidad en la barriada es que en la última década muchos de los afectados han fallecido o emprendido un rumbo lejos de la cuenca minera sierense.

Uno de los vecinos que se mantiene firme es Domingo Gómez, quien vive en el segundo derecha del bloque 10. A sus 82 años tiene claro que si acude al banco para solicitar el dinero que cuesta el ingreso a la nueva vivienda se lo van a denegar. «Yo ya pagué bien pagada mi casa; estamos dispuestos a pagar, como se nos prometió, los costes de mejora, pero la cantidad que proponen es inviable para nosotros». Su edificio es uno de los más afectados por las deficiencias estructurales. Prueba de ello es que han tenido que derribar los trasteros, ubicados en la planta inferior, debido a que las paredes de muchos de ellos «se separaron del suelo y del techo». Lo cuenta Aidé Sierra, del primero derecha, quien asegura que el Ayuntamiento de Siero les mando quitarlos «debido a la peligrosidad».

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En una situación similar se encuentra Sonia González Álvarez. La fachada del bloque donde vive, el 16, está inclinada. Su interés por mudarse a una vivienda más segura es «mayúsculo», pero confiesa que le es imposible poder sufragar el coste que exige el Principado para ingresar en ellas. «¿Y qué hago yo con la que tengo pagada?», cuestiona. Además, prosigue, «solo pedimos a los responsables que se imaginen lo que es vivir, durante tanto tiempo, en una casa que te han dicho que se puede venir abajo».

El problema comenzó hace más de diez años, cuando empezaron a aparecer enormes grietas en sus hogares. Al estar en terreno inestable, el Principado descartó la rehabilitación de los inmuebles y, por tanto, se optó por realojar a los vecinos en un nuevo emplazamiento para el que destinó más de tres millones de euros. La polémica está lejos de solucionarse. Si finalmente no adquieren los pisos nuevos, la barriada de Pumarabule contará con treinta y seis nuevas viviendas que, a priori, no tendrán uso.